En Cofarca se cometió "un expolio descarado"

El caso Cofarca adquirió ayer dimensiones de escándalo, al confirmar la Policía que se investiga un supuesto fraude al Servicio Canario de Salud en el que podrían estar implicados farmacéuticos y médicos. También salpica a gimnasios, visitadores médicos y transportistas.
La operación Lyrica, nombre con el que la Policía nacional ha bautizado la investigación del caso Cofarca, se centra actualmente en determinar qué papel jugaban las farmacias en la trama de venta de medicamentos sustraídos de la sede de Cofarca. En una próxima fase, requerirá judicialmente al Servicio Canario de Salud para determinar el alcance del presunto fraude al erario público que supuestamente llevaban a cabo los implicados apoderándose de los códigos de barras de los medicamentos para pegarlos en recetas firmadas y selladas por médicos que después las farmacias pasaban a la Dirección General de Farmacia para que les abonara el importe.
La delegada del Gobierno en Canarias, Carolina Darias, compareció ayer ante los medios informativos acompañada de la jefa superior de Policía, Concepción de Vega, el jefe de la Unidad de Coordinación Operativa Territorial (UCOT) Luis G. Carrión, el jefe de la Brigada Provincial de Policía Judicial Fidel González y el inspector jefe Eduardo Belda para ofrecer todos los detalles del operativo que en este momento permite desvelar el magistrado que dirige la investigación, Luis Galván, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Las Palmas de Gran Canaria.
El inspector jefe Eduardo Belda, responsable del operativo a pie de calle, no dudó en señalar que Cofarca había sufrido un «expolio» en el que una organización con contactos internos y externos dirigida por dos empleados de la Cooperativa sustraía medicamentos «de forma descarada», en muchas ocasiones ante las cámaras de seguridad y a conciencia de que les estaban grabando.
La cúpula policial confirmó las informaciones que CANARIAS7 viene ofreciendo en exclusiva desde el pasado 21 de abril, que ofrecen como balance la detención de 24 personas (todas ellas actualmente en libertad provisional) imputadas como supuestas responsables de delitos contra la salud pública, hurto continuado, estafa y asociación ilícita. La mayoría son empleados y ex empleados de Cofarca o familiares y hay al menos dos representantes y un farmacéutico entre ellos.
El expolio pudo haberse llevado a cabo casi a diario durante ocho años. Sólo en enero pasado, Cofarca ha cuantificado un perjuicio de 122.000 euros. La policía cree que en primer cálculo de una estafa de 800.000 euros puede ser superada «con creces».
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