Emalsa transfirió un día después del fallo judicial

27/12/2012
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La transferencia de 1,3 millones de euros de Emalsa a la empresa Sercanarias se realizó el 21 de abril de 2010, solo 24 horas después de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias hiciera pública la sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso por la que avalaba la legalidad de la venta parcial de la compañía de gestión de aguas acordada -entonces en favor de Unelco y Saur, para luego vender la eléctrica Endesa su participación del 33% a Sacyr-.


A los 1,3 millones transferidos por Emalsa a Sercanarias se sumó otro ingreso por igual cantidad hecho por Saur. Con esas transferencias, Sercanarias pudo hacer frente al pago, en un cheque, de 2,8 millones de euros a Seguridad Integral Canaria de una opción de compra de un inmueble en Los Tarahales. El edificio es para Sercanarias, que presta servicios a Emalsa.


Esa coincidencia en el tiempo entre la resolución judicial, la transferencia de Emalsa y el pago a Seguridad Integral llama la atención del equipo jurídico que defiende los interes del Grupo Séché, cuyo presidente, Joël Séché, denunció en la Justicia francesa lo que considera «un fraude» cometido precisamente en Emalsa. Séché se aferra, entre otros datos, a dos auditorías que señalan que el valor del inmueble es muy inferior al pactado. Los periódicos Abc y La Gaceta de los Negocios se hicieron eco ayer de esa coincidencia temporal entre la transferencia y el fallo judicial, a lo que se une, según  Abc, que el abogado de Séché, Jean-Pierre Versini-Campinchi, ha estado estos días en Madrid definiendo la lista de personas cuya declaración judicial solicitará.


En paralelo, el actual presidente ejecutivo de Saur Internacional, Michel Bleitrach, habría pedido a sus directivos en España explicaciones sobre el caso.


Por otra parte,  en  el último pleno municipal hubo acuerdo unánime para encargar a Auren una auditoría que incluye revisar a fondo el funcionamiento de la empresa de aguas, su relación con Sercanarias, el coste de los servicios, la calidad de los mismos y el papel del Ayuntamiento, que mantiene el 34% de las acciones.