El ‘Albagate’, un escándalo con togas

ANTONIO F. DE LA GÁNDARA

"Estamos atónitos", decía este viernes un miembro de las altas instancias de la judicatura española al ser preguntado sobre cómo vivía la carrera judicial el estallido del Albagate, «y lo cierto es que el descrédito para la Justicia española, y en especial para la canaria, es tan grave como difícil de revertir».

Esto, a trazo grueso, es el Albagate: un juez de ideas manifiestamente conservadoras, grabado sin que lo supiera, mientras presuntamente prepara con un imputado, encalabrinándolo con difusas promesas de archivo, una declaración judicial yo te pregunto esto y tú me vas a contestar esto otro, que es lo que se oye en la cinta para que resulte favorable a supuestos intereses espurios en contra de una magistrada indisimuladamente roja metida a política, que supuestamente, antes de presentarse a las elecciones, tuvo el proceso en sus manos y lo puso al ralentí para, eventualmente, no perjudicar o favorecer los negocios que su novio, periodista de izquierdas, tenía o había tenido con el investigado.

La existencia de la grabación y el hecho de que el investigado la había puesto en manos de la Justicia fue difundido por la edición electrónica del CANARIAS7 el miércoles pasado, 11 de mayo, a las 14.30 horas. A las 10.03 del jueves -apenas 20 horas después, con el asunto repicando en las portadas de varios periódicos regionales y nacionales, el Consejo General del Poder Judicial anunciaba vía comunicado urbi et whatsApp que su jefe inspector, Antonio Fonseca-Herrero (el nombre oficial del cargo es «el promotor de la Acción Disciplinaria») había pedido la grabación para incorporarla a la investigación abierta tras la denuncia de Rosell a Alba a finales de marzo, cuando este último, amparado precisamente en la declaración supuestamente guiñolizada, había informado al Supremo de la conducta hipotéticamente perversa de Rosell. Una de las pruebas en las que se basó el Supremo para admitir a trámite la querella a la juez.

La actuación de la inspección del Consejo, sin precedentes en cuanto a su rapidez y publicidad y en el mensaje: «no se descarta deducir testimonio penal», da idea de la gravedad que el gobierno de los jueces ha visto en el asunto, y de la carga de descrédito que supone para una Justicia ya de por sí con escasos adeptos y cada vez más sensible a la opinión pública.

Fuentes del Consejo confirmaron a este periódico que, hoy por hoy, no hay mayor prioridad disciplinaria en el gobierno de los jueces que aclarar el Albagate caiga quien caiga. En el campo disciplinario y donde se tercie; afirman fuentes forenses que este jueves, en el número 8 de la calle Marqués de la Ensenada en Madrid sede del CGPJ, se escucharon toda clase de epítetos y pronósticos de futuro referentes al magistrado Salvador Alba Mesa. De momento se considera seguro que será citado a declarar en sede del Consejo en los próximos días.

La valoración jurídica sobre la conducta del magistrado es una cuestión que solo competerá a los tribunales de Justicia si es que el asunto alcanza la condición de proceso judicial; el pronóstico va por barrios, como casi todo, y lo que en la Asociación Profesional de la Magistratura -que Alba llegó a presidir a escala regional- no debería de tener siquiera la condición de falta leve, en la progresista Jueces para la Democracia, donde milita Rosell, es una de las situaciones más graves, si no la más grave, que se ha vivido la Justicia insular.

Este periódico le hizo el viernes la pregunta del millón a un jurista muy reconocido de un órgano judicial relevante: ¿Puede un juez verse en privado con un imputado y preparar la declaración que va a prestar en un proceso?». La respuesta fue rotunda: «Bajo ningún concepto».