El TSJC anula la venta de Emalsa

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en su sede de Las Palmas notificó ayer la sentencia que anula el acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que el 26 de octubre de 2001, gobernando el Partido Popular y siendo alcalde José Manuel Soria, ratificó en todos sus extremos el acuerdo adoptado por el gobierno municipal socialista de 1993, presidido por Emilio Mayoral y adjudicó el concurso para la compra venta de acciones de Emalsa a Nueva Ninsa/Saur, confirmando «de acuerdo con el principio de conservación de los actos administrativos» una decisión que había sido anulada por el Supremo, si bien entonces el socio de Saur era Unelco.

La sentencia de la Sala, adelantada en primicia por la edición digital de CANARIAS7, declara que el acuerdo del gobierno popular fue «contrario a derecho», ya que no sólo adjudicó el concurso a una oferta que «no era la más ventajosa para los intereses públicos», sino a la que era «manifiestamente perjudicial» para el interés general».

En consecuencia, el tribunal no se limita a declarar nula la decisión administrativa, sino que reconoce el derecho de la recurrente, Aquagest, «a que sea ella la adjudicataria» del concurso público concurso convocado en 1992 y cuyo resultado fue confirmado por el gobierno municipal de 2001.

El ponente de la sentencia, Francisco José Gómez Cáceres, concluye que de los informes elaborados por los peritos imparciales designados por la Sala para determinar qué oferta era la más interesante «se desprende que la adjudicataria del concurso debió haber sido, sin ninguna duda, Aquagest», y no Nueva Nuinsa/Saur.

«En consecuencia», apunta la resolución, susceptible de recurso ante el Supremo, «ninguna solución –legal– podría esta Sala patrocinar que no esté objetivamente justificada con el resultado de la prueba pericial, que por partida doble se ha practicado, cuya valoración, conforme con las reglas de la sana crítica, que no son otras que las del raciocinio lógico, conduce derechamente a la conclusión, bien distinta de la alcanza por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, de que la oferta que resultó adjudicataria no sólo era la más ventajosa para los intereses públicos, sino que era manifiestamente perjudicial para los intereses generales; todo lo contrario», remata, «que lo que los peritos predican de la oferta de Aquagest».

En su contestación a la demanda planeada por Aquagest, Nueva Nuinsa S.L. y SAUR alegaron, entre otras cosas, que el recurso era inadmisible porque el asunto ya había sido examinado por el Supremo (cosa juzgada), tesis que rechaza la Sala, apuntado que el Alto Tribunal había anulado el acto por un defecto formal (falta de un informe preceptivo) sin resolver sobre el fondo.

PP y PSOE votaron juntos.

La venta a Unelco-Saur del 66% de las acciones de Emalsa en 1993 contó con los votos favorables de todos los partidos políticos con representación municipal -CCI, Ican, PSOE y los concejales del grupo mixto- y el único en contra de la concejala del PP, Pepa Luzardo. Con el paso de los años, y la llegada al poder del PP, Luzardo varía su postura y ratifica la adjudicación a Unelco-Saur en 2001. En aquel pleno, Luzardo votó a favor junto al resto de su grupo, que además se vio acompañado por el Partido Socialista que hoy se queja de la herencia de aquella decisión. En el Pleno de 2001, los únicos concejales que votaron en contra fueron los cuatro de Coalición Canaria y Rosario Chesa, que estaba en el grupo mixto.

En estudio el recurso de casación.

El concejal de Ordenación del Territorio, Vivienda y Desarrollo Sostenible del Ayuntamiento capitalino, Néstor Hernández, del que depende la política de aguas y que además es miembro del consejo de administración de Emalsa, adelantó que en estos momentos se está estudiando «la posibilidad de recurrir en casación ante el Tribunal Supremo. Aguardemos a los dictámenes de los servicios jurídicos del Ayuntamiento».

Optaron por un déficit de 8 millones en lugar de por un superávit de 6.

Según el peritaje elaborado a instancias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por el catedrático de Economía financiera y Contabilidad de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Juan García Boza, cuando Unelco/Saur y Aquagest optaron al concurso en 1993, sus ofertas implicaban que si el Ayuntamiento hubiera vendido las acciones a Aquagest, habría conseguido un superávit inmediato de 6.8 millones de euros, pero optó por adjudicárselas a Unelco/Saur, a pesar de que la operación, según este perito, implicaba «un déficit de 1.468,81 millones de pesetas (8,8 millones de euros) para las arcas municipales.

Sumando todas las puntuaciones de las ofertas de las candidatas al concurso, el perito designado por la Sal concedió 23 puntos a la propuesta de Unelco/Saur y 48, más del doble, a la rechazada de Aquagest.

Además de este concluyente peritaje, el Tribunal contó con la valoración de la ingeniero técnico industrial Berta Flores Álvarez, que en una tabla comparativa con 11 parámetros (cifra de negocios, análisis financiero y económico, aporte de medios humanos, aporte de control de calidad, medios informáticos, logros conseguidos en el sector del agua, logros conseguidos en el sectores del agua en empresas mixtas, experiencia en desalación, logros conseguidos en España y en Canarias, diagnosis y repercusión económica del plan) consideró que todos hacían más aconsejable aceptar la oferta de Aquagest que la de Unelco-Saur. A pesar de todo, el Ayuntamiento optó por esta última.