El TS confirma la condena a una directora de banco

ANTONIO F. DE LA GÁNDARA

El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia de la Audiencia de Las Palmas que en febrero pasado condenó a dos años de cárcel a una directora de sucursal bancaria por estafar a dos ancianos que confiaban en ella. Se compinchó con un insolvente y les hizo perder 300.000 euros.

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha confirmado en todos sus términos la sentencia de la Sección Primera de la Audiencia de Las Palmas que en el pasado febrero condenó por estafa a dos años de prisión y al pago de una indemnización por valor de 315.404,31 euros a la exdirectora de la sucursal del Banco Bilbao Vizcaya en la plaza de España de Las Palmas de Gran Canaria Adelina María Noelia Macías, de 64 años, y al empresario Diego José Daniel Lezcano de Mújica Rodríguez, de 60 años. En una sentencia dictada por el presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, el grancanario Manuel Marchena, el Alto Tribunal inadmite los recursos de casación de los dos timadores y confirma que la Audiencia palmense les condenó en una sentencia sin fisuras, «valorando una prueba suficiente y con contenido inculpatorio apto para enervar el derecho a la presunción de inocencia». El Supremo refrenda, en un fallo que agota la vía jurisdiccional, los hechos declarados como probados por la Audiencia de Las Palmas: a finales de 2005, Adelina Macías, previamente compinchada con De Mújica, y aprovechándose de su cargo como directora de la céntrica sucursal y de al confianza que en ella habían depositado una pareja de jubilados dueños en su día de una tienda de aceite y vinagre, les propuso efectuar una inversión «segura, sin riesgo alguno y ventajosa, en cuanto les iba a proporcionar unos beneficios sustanciosos», y logró que pignoraran 60.000 euros de su fondo de inversión a una póliza de crédito en cuenta corriente a interés variable suscrita por la mercantil del otro acusado, Atlantys Fishing Enterprises S.L. La había creado semanas antes con un capital social de 3.000 euros.

Anzuelo. Tras esta operación, De Mújica entregó a los confiados ancianos 1.200 euros para que creyeran que los beneficios eran reales y en junio de 2006, siguiendo las instrucciones de la mujer a la que creían su banquera de confianza, los jubilados firmaron nuevos contratos, pignorando sus activos hasta 300.000 euros a favor de la empresa del acusado. En 2007, cuando las víctimas se olieron el fraude e intentaron anular las pólizas, ya no fue posible. Éstas se habían renovado automáticamente. Para parar la sangría, tuvieron que ingresar 315.404 euros en su cuenta y bloquearla. Mientras, su directora de confianza, a la que incluso habían invitado a la boda de su hija, se había embolsado con la operación «cuanto menos» 61.100 euros, indica el fallo que ahora confirma el Supremo. El Supremo ratifica la condena al BBVA como responsable civil subsidiario del pago de las indemnizaciones a la pareja estafada, al considerar probado que incurrió en una evidente culpa in vigilando cuando permitió que una empleada de alta categoría lesionara los intereses de unos clientes. Además, en el juicio el abogado se puso de parte de los estafadores.