El Tribunal Superior urge al Ayuntamiento el derribo de la Biblioteca del Estado

13/09/2014
ETIQUETAS:

El debate sobre la legalidad de la Biblioteca del Estado está cerrado, al menos en el ámbito judicial. La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) requiere al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para que «proceda a la ejecución» de la sentencia que ordena el derribo del edificio.

La sentencia que ordena el derribo de la Biblioteca del Estado construida en Las Palmas de Gran Canaria en 1997 deberá ejecutarse y cumplirse sin más dilación. Así se lo comunica la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en una diligencia que será entregada el lunes a la Corporación municipal, y a la que ayer tuvo acceso este periódico.
El escrito da acuse de recibo de la certificación de la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo dictada en octubre de 2002 y de los autos posteriores en los que se desestiman los recursos de casación planteados por el Ayuntamiento de la capital grancanaria y por el Abogado del Estado. El resultado del proceso que ahora se certifica precisa que «se deniega la solicitud de imposibilidad de ejecución legal de ejecutar la sentencia» planteada por la corporación municipal. En el mismo escrito, «se requiere al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con atento oficio, para que proceda a la ejecución y cumplimiento de la sentencia».
La nueva actuación judicial supone de hecho un jarro de agua fría a la estrategia en la que confiaba el equipo de gobierno de Cardona, que había planteado este mismo verano un último intento de frenar la orden de derribo del equipamiento cultural construido en el entorno del parque de San Telmo. Los servicios jurídicos municipales presentaron a finales de julio un incidente de nulidad de actuación ante el Tribunal Supremo donde se proponía la retroacción de la deliberación de la Sala  al momento antes de la sentencia. De este modo, se esperaba que el Alto Tribunal emitiese una nueva decisión que evitase el derribo de la biblioteca en base a su valor como elemento promotor de la cultura en la sociedad grancanaria.
El siguiente paso conocido tras la reclamación municipal es esta notificación que será formalmente trasladada el lunes a las partes. Si se siguen los pasos habituales en este tipo de diligencias, al Ayuntamiento le queda un plazo de dos meses para cumplir lo que ordena el Supremo, donde hasta ahora no cabe otra interpretación distinta al derribo. El incidente de nulidad de actuaciones argumentado por el Ayuntamiento se basa en que la orden de derribo atenta contra derechos fundamentales y solicita que se suspenda la decisión de demoler la biblioteca. En la última revisión del caso, resuelta a principios del pasado mes de julio, el Alto Tribunal aseguraba que argumentar que la biblioteca no podía ser demolida por tratarse de un bien de interés cultural «encubre, a nuestro juicio, fraude de ley».