El Supremo ve legal trazar las líneas archipielágicas canarias

Una sentencia del Tribunal Supremo notificada ayer determina que no hay ningún impedimento legal en el derecho internacional para que el Estado trace las líneas exteriores de Canarias con vistas a definir la titularidad de las aguas archipielágicas.

La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo notificó ayer la sentencia que señala que ni Convención de las Naciones Unidas de Montego Bay de 1982 ni la legislación nacional vigente impiden a España, en su condición de «estado mixto» [con territorio continental e insular], trazar las líneas archipielágicas de Canarias con el fin de declarar las aguas como españolas archipielágicas o interiores del archipiélago español.

La resolución, a la que ha tenido acceso este periódico, enumera varios ejemplos de estados mixtos que han trazado sus líneas archipielágicas (Noruega respecto a las islas Spitzberg; Ecuador respecto a las Galápagos; Dinamarca respecto a las Feroe; Australia en referencia a las Houtman Abrolhos y, como «ejemplo más significativo», Portugal respecto a Madeira y Azores) para dar cobertura jurídica a una hipotética iniciativa española o autonómica de cara a establecer las líneas archipielágicas canarias y, por lo tanto, los derechos del titular de las aguas a explotar sus recursos naturales.

La ley del 78

La sentencia, dictada por el magistrado Rafael Fernández Valverde [ex presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias] entiende que no hay ningún impedimento legal para que se desarrolle plenamente la Ley 15/1978 de 20 de febrero sobre Zona Económica Exclusiva, que estableció que en el caso del archipiélago canario el límite exterior de la zona económica se mediría «a partir de las líneas de base rectas que unan los puntos extremos de las islas e islotes que respectivamente los componen, de manera que el perímetro resultante siga la configuración general del archipiélago».

Recuerda el fallo que el Estado, pese a esta habilitación legal, no ha procedido hasta la fecha al trazado de las llamadas líneas archipielágicas, manteniendo las líneas insulares trazadas por el Real Decreto 2510/197 (líneas de base recta alrededor de cada una de las islas de Gran Canaria, Tenerife, El Hierro y La Palma y un sólo polígono para Lanzarote, Fuerteventura, Alegranza, Graciosa, Montaña Clara y Lobos, y sin trazado en La Gomera).

El pronunciamiento del Supremo no tiene carácter ejecutivo, ya que únicamente forma parte de los argumentos que utiliza la sala para mediar en un pleito entre Telefónica y el Estado por la instalación de un cable submarino entre Gran Canaria y Tenerife (de Las Canteras a Candelaria), pero es de gran trascendencia en cuanto supone un espaldarazo jurídico nada menos que del Alto Tribunal español a la viabilidad jurídica de la consolidación de las aguas de titularidad del Estado español.

Recuerda la Sala que la cuestión «no es baladí», pues la delimitación del mar territorial implica «la delimitación inicial de la zona económica exclusiva de un país, así como de su plataforma territorial, donde se encuentran los recursos naturales».