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El Supremo tira la biblioteca

El Supremo tira la biblioteca

Jueves, 1 de enero 1970

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El Tribunal Supremo ha ordenado la demolición de la biblioteca del Estado por ser su licencia, concedida en época de José Manuel Soria, contraria a derecho. El Ayuntamiento ordenó el solar sin el preceptivo plan especial en 1997 y, encima, trató de legalizarlo con el Plan General de 2005 pese a tener una sentencia en contra.

En una situación que recuerda mucho a la de la Supercomisaría, el Tribunal Supremo acaba de ordenar la demolición inmediata del edificio de la biblioteca general del Estado que está ubicada frente a la estación de guaguas de El Hoyo y el parque de San Telmo. La sentencia ratifica el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el que se anulaba la ordenación de la parcela y la licencia urbanística -otorgada en 1997-, decisión fue recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.

La justicia da la razón a los vecinos del edificio San Telmo, que alegaron vulneración del planeamiento, al no existir un plan especial que ordenara la parcela. Los propietarios se quejaron en su momento de que el proyecto de biblioteca no se ciñó a los límites previstos por el planeamiento e invadió parte de un espacio que estaba considerado como jardín y que había sido previsto delante de sus casas.

Sin embargo, la gravedad del asunto no reside tanto en este aspecto como en el hecho de que el Ayuntamiento no siguió los procedimientos legales, primero, y que luego se empecinó en legalizar su decisión forzando el planeamiento.

Así, los magistrados señalan que «el Plan Especial como instrumento de desarrollo del Plan General no existía cuando se concedió la licencia a pesar de que era preceptivo. Para intentar soslayarlo se concedió una licencia condicionada», recoge la sentencia, que añade más adelante que «en este supuesto no sólo se ha patentizado la ilegalidad del edificio destinado a biblioteca, sino también de la propia delimitación del espacio libre colindante, que ha implicado que la comunidad recurrente haya quedado privada de más del 74% de la total fachada al mar, que disponía según el propio Plan General, y ha afectado a numerosas viviendas». Críticas a Soria.

Tanto el alcalde en funciones de Las Palmas de Gran Canaria, el concejal Néstor Hernández, como la presidenta de Compromiso, Nardy Barrios, coincidieron ayer en criticar la política urbanística de José Manuel Soria.

«Hay que pedir responsabilidades a los gobernantes municipales del pasado cercano porque los tribunales nos hablan permanentemente de ilegalidades y desvío de poder en materia urbanística», dijo Hernández, «la práctica urbanística permanente de los hechos consumados y que después resuelvan los tribunales nos ha llevado a esta situación insostenible para las arcas municipales y para la buena imagen de esta capital».

Por su parte, Nardy Barrios rechazó la «prepotencia de algunos políticos, que obliga al Tribunal Supremo a llamarnos la atención» y resaltó «las similitudes que existen con el caso Canódromo».

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