El Supremo obliga al TSJC a revisar su sentencia sobre el urbanismo de San Felipe

El TSJC sostenía que la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (COTMAC) había vulnerado la directiva europea sobre evaluación de impacto ambiental 85/337/CEE, al dar su visto bueno a la adaptación del planeamiento de San Felipe a la nueva normativa urbanística de la comunidad autónoma sin hacer previamente un estudio detallado de su impacto ecológico.

El Tribunal Supremo le responde que, al tomar esa decisión, introdujo un supuesto defecto en el procedimiento que no había sido planteado por ninguna de las partes en litigio y aplicó de forma errónea su jurisprudencia sobre el alcance de la directiva europea.

El Alto Tribunal recuerda que en varias ocasiones ha establecido que los procedimientos de control que esa directiva exige para proyectos públicos y privados también son trasladables en determinados casos a los instrumentos de planificación urbanística.

Sin embargo, añade, este no es el caso, porque de lo que se trataba no era de aprobar un nuevo plan, sino de adaptar uno ya existente al Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias.

Esa adaptación del plan del barrio de San Felipe, continúa el Supremo, se aplicaba sobre "un suelo ya transformado por la urbanización", no planteaba cambios de uso de los terrenos y únicamente contemplaba "la realización de operaciones aisladas para solventar graves problemas de degradación constructiva y contribuir a la recuperación ambiental de la costa".

El Supremo entiende que, sobre esos presupuestos, no era necesario exigir a la adaptación del planeamiento del barrio de San Felipe los procedimientos previstos por la directiva europea sobre evaluación de impacto y estima el recurso del Gobierno canario.

Sin embargo, declina pronunciarse sobre el fondo de la cuestión, porque considera que todas las cuestiones planteadas por la demanda sobre la posible ilegalidad de esa adaptación del planeamiento del barrio de San Felipe de Santa María de Guía atañen a normas ámbito autonómico, que corresponde examinar al TSJC, no al Supremo.

Por ello, acuerda devolver las actuaciones a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias para que dicte una nueva sentencia en la que dé respuesta a esas alegaciones, pero absteniéndose de introducir "cuestiones que no han sido alegadas en el proceso ni debatidas por litigantes sin someterlas a la previa consideración de las partes".