El Supremo da la razón a Lopesan contra el Gobierno

Gabriel Súarez
GABRIEL SÚAREZ

El Gobierno canario tendrá que indemnizar a Lopesan con el valor del 70% de los 160.000 metros cuadrados de suelo de Pasito Blanco, que el promotor cedió en 1986 a la Comunidad Autónoma para que lo permutara con Theo Gerlach por el derribo del hotel Dunas y centro helioterápico. El Tribunal Supremo (TS) ha dado la razón al grupo Lopesan y revocado una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que negaba el derecho del promotor a ser compensado por el incumplimiento de un convenio urbanístico suscrito en 1986, como consecuencia de la cesión de una parcela de 160.000 metros cuadrados situada en el Plan Parcial ST2- Sector 5 Pasito Blanco, La Cometa. La sentencia del TS, de fecha 18 de marzo de 2014, condena al Gobierno de Canarias a indemnizar a la entidad Lopesan con el 70% del valor actual de la referida parcela porque no obtuvo compensación o contraprestación alguna por la cesión del suelo, las cuales estaban recogidas en la escritura pública de donación de 24 de marzo de 1988. La Comunidad Autónoma de Canarias recibió los 160.000 metros cuadrados que posteriormente permutó por la denominada Parcela H, de unos 49.500 metros cuadrados, y la estructura del llamado hotel Dunas, lo cual garantizó a la Administración autonómica la demolición de la edificación mencionada, así como la recuperación del ecosistema de las Dunas de Maspalomas el 5 de junio de 1989. El motivo por el que la compensación se limita al 70% se debe, según expone la sentencia, a que el promotor «debió intentar poner todos los medios necesarios a su alcance para obtener los aprovechamientos que le autorizaban las determinaciones incorporadas a las Normas Subsidiarias Municipales de San Bartolomé de Tirajana, a consecuencia del referido convenio urbanístico, mientras estuvieron vigentes, que fue, al menos durante dos años y ocho meses». Como posteriormente tales aprovechamientos fueron suprimidos por el Plan General de Ordenación de 1996, a juicio del TS se produjo por parte de la Administración Autonómica de Canarias «un enriquecimiento injusto o sin causa», que la sentencia obliga ahora a reparar pagando la señalada indemnización.

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