El recurso del Estado restringe más la moratoria

B. Hernández
B. HERNÁNDEZ

«El tiro por la culata». Así definió ayer el consejero Domingo Berriel, los efectos del recurso de inconstitucionalidad del Estado contra la ley turística. La lectura del Gobierno de Canarias es que la impugnación de Madrid tiene efectos contrarios a los deseados ya que se paraliza toda la obra, incluidos los hoteles de cinco estrellas, que no provenga de la rehabilitación. El recurso formalizado el pasado martes por el Gobierno de la Nación ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de Renovación y Modernización de la Ley Turística de Canarias «restringe todavía más» la construcción de instalaciones turísticas en las Islas, según explicó este jueves el consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, Domingo Berriel. El Estado solo impugna los apartados a) y c) del artículo 4.2 de la citada ley, que hacen referencia a la necesidad de contar con autorización previa para la implantación de nuevos establecimientos hoteleras y extrahoteleros de cinco estrellas. Estos establecimientos no están sometidos a la obligación de proceder de incentivos a la rehabilitación, como sí tienen el resto de las instalaciones turísticas. De esta forma, explica el consejero de Política Territorial, la suspensión cautelar por un periodo de cinco meses que supondrá la presentación del recurso ante el Constitución «también restringe la posibilidad de construir estas nuevas instalaciones, aunque sean de categoría de cinco estrellas o superior». Tras analizar el recurso, el Gobierno de Canarias no alberga ninguna duda de que no se produce «ningún vacío legal» con la suspensión cautelar de los citados preceptos de la ley y, por tanto, tampoco es necesario la puesta en marcha de un plan B, previsto inicialmente si la impugnación del Estado tenía como consecuencia la declaración de nulidad de parte de la moratoria. Insiste Berriel en que el recurso del Estado es «más restrictivo» que la ley canaria y si la pretensión de Madrid era suspender los aspectos que impedían liberalizar la construcción de los hoteles de cuatro estrellas, «la realidad es que han hecho lo contrario y suspenden incluso los hoteles y apartamentos de cinco estrellas», que se permitían mediante los apartados impugnados de la norma. Domingo Berriel insiste en que la norma que aprobó el Parlamento de Canarias «era más abierta» y que, con el recurso, tal como está planteado, «la única posibilidad que queda es la construcción siempre que venga de los incentivos derivados de la renovación, que pueden ser de cualquier categoría». Fuera de esto, apostilla, «no se puede hacer nada». El consejero considera que el Gobierno de la Nación «ha metido la pata» con el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional porque «el texto presentado demuestra que ni siquiera han estudiado y analizado bien el contenido» de la Ley de Renovación y Modernización Turística». A su juicio, esta decisión ha sido más «política que técnica» y se ha presentado «por indicación directa del ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria». Según Berriel, el recurso no paraliza la evaluación de la ley.