El PSOE presenta una querella penal contra uno de los administradores de Gesercan por tráfico de influencias en La Laguna

03/01/2006

El Grupo Municipal Socialista (PSOE) en el Ayuntamiento de La Laguna ha presentado hoy en el juzgado de Instrucción de La Laguna una querella penal contra Fernando Hernández Izquierdo, uno de los administradores de la empresa de servicios Gesercan, por presunto tráfico de influencias, prevaricación, y negociación prohibida a funcionarios públicos.

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En la denuncia, se recuerda que Hernández tiene acceso a información y expedientes de la Concejalía de forma privilegiada, ha sido recientemente designado vocal en el comité local de Coalición Canaria (CC) en La Laguna- formación que integra el grupo de gobierno municipal-, y que la empresa Gesercan ha sido contratada desde su constitución, en 2004, en varias ocasiones por la Concejalía de Servicios Municipales, con una facturación de 41.000 euros en contratos durante 2005.

Así lo indicaron hoy el portavoz del grupo municipal del PSOE en La Laguna, Javier Abreu y el concejal socialista Gustavo Matos, quien afirmó que hay indicios “evidentes” sobre de la presunta comisión de delito y de que Hernández goza de un nivel de confianza con el responsable del área, Placido Mejías, derivadas de sus relaciones de partido y que vincula a las contrataciones de la empresa para trabajos en esa área.

Los socialistas recordaron que también han solicitado la comparecencia en pleno del concejal, Plácido Mejías, para que dé explicaciones sobre la situación, de la que aseguraron es “conocedora y consentidora” la alcaldesa, Ana Oramas, por lo que advirtieron de que si no se da una explicación en los próximos días, se estudia ampliar la querella responsables del grupo de gobierno.

“Hasta ahora se ha obtenido el silencio por respuesta desde el grupo de gobierno”, afirmó Matos, quien además recordó que los administradores de Gesercan –Fernando Hernández y Jonathan Domínguez- han anunciado acciones legales que correspondan contra ambos ediles socialistas, tras la denuncia del caso realizada el pasado 23 de diciembre. Por ello, el PSOE ha decidido presentar la querella "para que se explique en los juzgados" una situación que puede hacer que “personas en La Laguna que pensarán que en el Ayuntamiento y en esa Concejalía hay corrupción”.

En la querella, se recuerda que Hernández, que trabaja como empleado de la empresa VVO –adjudicataria del servicio de alumbrado público de La Laguna-, ocupa un puesto fijo en las dependencias de la Concejalía y, sin ser empleado municipal ni funcionario público, tiene acceso directo y privilegiado a expedientes administrativos e información del área por la que luego es contratada su empresa.

Una circunstancia comprobada el pasado 27 de diciembre por la secretaria del Ayuntamiento y la jefa de personal, quienes pudieron constatar que el querellado se encontraba solo en las dependencias de la Concejalía usando los medios municipales y con acceso a un ordenador, desde el que se tiene acceso a toda la red municipal.

Asimismo, dispone de una tarjeta para reserva de estacionamiento en el Parque Móvil Municipal, de las expedidas por el Consistorio con carácter “restrictivo” y en la que figura como miembro de un medio de comunicación y, según acredita el PSOE, el Jefe de Policía Local ha comprobado el estacionamiento del vehículo del querellado en la zona reservada para periodistas en horas en las que se encontraba sólo en las dependencias de la Concejalía.

SIN EXPERIENCIA ACREDITADA

También se denuncia que la empresa Gesercan viene siendo contratada desde su creación, en marzo de 2004, para múltiples funciones, alguna de las que ni siquiera constan dentro de su objeto social, que es organización, promoción y distribución de actividades hosteleras, turísticas, de congresos, reuniones y otros eventos.

En estos casos, según denuncian los socialistas, la empresa carece de toda infraestructura, de medios técnicos y humanos, por lo que ha recurrido a la subcontratación de los servicios a otras empresas, actuando únicamente como intermediaria ante el Consistorio.

Los socialistas también se sorprenden de la contratación para la realización de diferentes servicios a una empresa creada en marzo de 2004 y que carecía “de cualquier tipo de experiencia comercial, prestigio o calidad contrastada, y sin que tampoco se acreditara que sus servicios eran los más adecuados a los fines perseguidos por la Administración pública”.

Además, apuntan que en algunos casos se puede comprobar como los servicios prestados lo fueron a un precio muy superior al del mercado, como ocurre con el pago de 608 euros para la edición y reparto de cartas informativas a los vecinos de la calle Viana sobre la recogida de basuras, en las que cada carta tuvo un coste de unos 4 euros, cifra superior al cobro que realizaría Correos, apuntó Matos.

El concejal socialista como ejemplo de información privilegiada el que la empresa haya presentado facturas proforma por servicios prestados, cuyas propuestas de gasto han sido firmadas por el concejal con posterioridad al servicio. Es el caso de la contratación para una campaña con títeres sobre hábitos saludables para la población infantil, para la que se abonaron 4.725 euros, de los que 3.000 fueron pagados a una subcontrata para la prestación del servicio, cuya factura fue presentada el 28 de junio de 2005.

Sin embargo, la propuesta de contratación para este servicio está suscrita por el concejal del área, el 8 de agosto de 2005, el mismo día en que está fechado el informe del jefe de sección acreditando que el servicio ha sido realizado. Una situación que indica que el expediente “fue armado con posterioridad a la prestación del servicio”, apuntó Matos.

El edil socialista indicó que este delito lleva aparejada, según lo establecido en el Código Penal, pena de 6 meses a un año de prisión y una multa de hasta el doble de los beneficios obtenidos por la empresa.

La querella, presentada por Javier Abreu, propone como diligencias a practicar para la comprobación de los hechos, la comparecencia del querellado, así como del concejal del área de Servicios Municipales. También pide la declaración de la secretaria y de la jefa de personal del Consistorio, del representante legal de la empresa VVO, así como la aportación de documentación sobre la situación laboral de los dos administradores de Gesercan, los datos fiscales de la empresa, y los movimientos de cuenta realizados.