El PP pide al ministro del Interior que explique "la conversión de Canarias en puerto franco de la criminalidad europea" tras la detención de Gotovina

08/12/2005

El Partido Popular (PP) de Canarias felicita a la Policía Nacional por la detención, en Tenerife, del general croata Ante Gotovina, y espera “una comparecencia urgente” del ministro de Interior, José Antonio Alonso, para explicar “cómo llegó hasta Canarias este presunto criminal de guerra, quién lo ha protegido y qué relación guarda su presencia en las Islas con la revelación efectuada el pasado 8 de noviembre por el Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, sobre la transformación del Archipiélago en refugio de organizaciones criminales de la Europa del Este”.

El secretario de Organización y Comunicación del PP, Larry Álvarez, recuerda que hace un mes "esperábamos una explicación del Gobierno, ante la grave revelación de Conde-Pumpido, y ahora ya no la esperamos, ahora la exigimos, al conocer que este supuesto criminal de guerra ha estado itinerando por distintas islas del Archipiélago canario en las últimas semanas. ¿Cómo ha llegado hasta aquí? ¿Dónde se ha escondido? ¿Quién lo ha estado protegiendo?”, pregunta el portavoz de los 'populares' canarios.

El PP subraya que la Policía ha hecho “ejemplarmente” su trabajo, pero “entre los ciudadanos es normal que cunda la perplejidad y la preocupación ante una serie de revelaciones” sobre lo que Larry Álvarez define como “alarmante transformación de Canarias en puerto franco de criminales de todo pelaje y condición de la Europa del Este”.

“Estamos intentando proyectar al mundo una reputación de destino turístico seguro y confortable, pero no sabemos, porque el Gobierno no nos lo dice, si nos estamos convirtiendo en un refugio seguro y confortable para la nueva criminalidad europea”, dice el portavoz del PP canario.

Álvarez recuerda la "fallida redada" de la Delegación del Gobierno contra el libanés Jamil Derbah, "de quien el subdelegado del Gobierno en Tenerife, Carlos González, llegó a decir que lideraba la mayor organización mafiosa de la Isla y que fue puesto en libertad sin cargos por la Audiencia Nacional, 24 horas después de su detención", indica.

Los 'populares' señalan que el delegado del Gobierno, José Segura, aumentó la presión policial sobre los locales de ocio nocturno del sur de Tenerife, a principios del pasado verano, "pero después de reunirse con sus propietarios, el subdelegado se comprometió, literalmente, a aflojar la mano".

Así, el PP pregunta "qué clase de compromiso es ése, por parte de un gobernante que debe velar por la seguridad ciudadana", y concluye que o la Delegación del Gobierno ha estado haciendo "redadas sin fundamento" o está "dejando de lado sus obligaciones". "Esto es un Estado de Derecho, no es Chicago, donde se hacen redadas o dejan de hacerse según convenga políticamente al gobernante de turno", indica.

Los 'populares' denuncian, además, “la indolencia del presidente del Gobierno de Canarias, Adán Martín, ante la revelación del Fiscal General del Estado, tristemente corroborada por los hechos que apuntan a que Canarias está ofreciendo refugio a peligrosos criminales”.

A juicio de Larry Álvarez, "en vez de reclamar una policía autonómica para que vigile edificios públicos y se cuadre cuando llegue a su despacho, Adán Martín ya debería estar pidiendo una cumbre urgente con el ministro del Interior, en la que también esté presente el delegado del Gobierno, para que éste explique, si lo sabe, la verdadera situación de la seguridad pública en Canarias, y para exigir a 'ZP' los recursos policiales y judiciales que sean necesarios contra los criminales que llegan huyendo de la Justicia internacional".

El PP espera que CC y el Gobierno de Adán Martín se sumen a esta demanda de soluciones ante el Gobierno de Zapatero. “Si hay mafias en Canarias, como dice Cándido Conde-Pumpido, los canarios tienen derecho a saber dónde se encuentran, cómo operan y qué se está haciendo y se va a hacer para ponerlas a disposición de la Justicia”, dice Larry Álvarez.

Larry Álvarez indica que el Gobierno de Rodríguez Zapatero "debe dar una respuesta inmediata a dónde están establecidas estas organizaciones criminales, quiénes las dirigen e integran, cómo operan, qué riesgo existe para nuestra integridad y nuestras propiedades y, ante todo, qué está haciendo el Gobierno para poner a estos peligrosos delincuentes a disposición de la Justicia".