El PP insta a impugnar la moratoria

El diputado que en el Partido Popular (PP) se encarga de la Ley de Renovación y Modernización Turística, Miguel Jorge Blanco, afirmó ayer que «el Gobierno del Estado tiene que seguir adelante con el recurso para que el Gobierno de Canarias cambie de opinión».

Desde que comenzó a tramitarse la ley, los conservadores arremetieron contra la prohibición de construir nuevos hoteles de cuatro y cinco estrellas en Gran Canaria que no fueran a través de la rehabilitación de la planta alojativa obsoleta.

Una vez aprobada la regulación de la suspensión parcial de licencias turísticas, el ministro de Industria y Turismo, José Manuel Soria, anunció que la recurriría ante el Tribunal Constitucional. La razón, adujo, es que los «Servicios Jurídicos» aprecian «vulneración del principio a la no discriminación al que tenemos derecho todos los españoles». Desde entonces, el Gobierno autonómico intenta frenar el recurso hasta ahora, sin éxito.

Por eso, Miguel Jorge tachó de «incomprensible» la posición del Gobierno, y criticó la actitud del Partido Socialista Canario (PSC), que «dijeron no ser el tonto útil del Gobierno pero ejercen como tales».

Ordenación. Blanco recordó que su colega socialista, Emilio Mayoral, participó en la legislatura pasada en el Cabildo de Gran Canaria en la redacción del plan insular de ordenación que posibilita el crecimiento turístico. En cambio, desde el escaño, ha defendido el mantenimiento de la prohibición en los términos fijados por la ley.

Mientras tanto, el presidente de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, manifestó su «sorpresa» dado que quienes están negociando con el Gobierno central son «dos señores insularistas de currículo», en alusión al comisionado para el Autogobierno, Fernando Ríos, y el viceconsejero de Turismo y exgerente de la patronal turística tinerfeña, Ricardo Fernández de la Puente.

Rodríguez instó al «Gobierno de Canarias a que solucione el problema en Canarias y hablar con el Cabildo de Gran Canaria». Advirtió de los riesgos de «inseguridad jurídica» que entraña la presentación del recurso de cuya ejecución se mostró convencido.