El PP achaca a la mayoría de CC y PSOE el informe de la Audiencia

El grupo del PP en el Consistorio satauteño achacó ayer a «la mayoría de CC y PSOE» en la Audiencia de Cuentas de Canarias el que el informe de fiscalización sobre diversas áreas del citado órgano concluya que han existido numerosas irregularidades de gestión en el periodo 200-2005.

Jesús Quesada
JESÚS QUESADA

El alcalde de Santa Brígida, Antonio Díaz, ha encargado a los responsables de Secretaría e Intervención del Ayuntamiento un informe urgente sobre las conclusiones del informe de fiscalización de la Audiencia de Cuentas de Canarias que, entre otras cosas, concluye que la Corporación se saltó la ley al condonar más de 553.000 euros a la adjudicataria de las obras del aparcamiento subterráneo y centro comercial del casco. Así lo comentó ayer el portavoz del grupo Popular del Consistorio, Lucas Bravo de Laguna, que vinculó el resultado del informe de la Audiencia de Cuentas a que la mayoría de los miembros del pleno de ese órgano de fiscalización han sido nombrados por CC y PSOE y a que la denuncia sobre presuntas irregularidades fue presentada por ediles de la oposición municipal de esas fuerzas políticas. El portavoz del PP aseguró que ni los responsables de Intervención ni los de Tesorería advirtieron nunca que sea irregular que el Consistorio compre materiales en una ferretería arrendada por el primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Luis Troya. De hecho lo sigue haciendo pese a que el informe de la Audiencia de Cuentas deja claro que se trata de contratos «nulos de pleno derecho» e incompatibles con la condición de concejal. Al respecto, recordó también que un informe de Intervención descartó cualquier irregularidad en ello. El concejal de Vías y Obras negó que la condonación de más de 553.000 euros a la adjudicataria del aparcamiento constituyera un trato de favor y explicó que «se da en muchos ayuntamientos» que ese tipo de «obra pública» no abone la tasas e impuestos de construcción. Por su parte, la concejal de CC Victoria Casas exigió ayer al grupo de gobierno del Consistorio de Santa Brígida que cese inmediatamente el pago de servicios a personas sin relación contractual con el Ayuntamiento y que deje de comprar materiales en la empresa con la que está vinculado Troya. Además, Casas reclama que se convoque lo antes posible una oferta pública de empleo para cubrir siguiendo criteros constitucionales las plazas de laborales temporales «contratados a dedo» que también denuncia el informe de la Audiencia.