El poder del suelo que pisamos

29/02/2016

La arista

El suelo es quizás el bien más preciado de la política canaria, y en esta legislatura no iba a ser menos. Fernando Clavijo se ha propuesto desentrañar la maraña que rodea tan suculento poder para dar un giro de 180 grados al férreo e inveterado control que del mismo ha hecho la comunidad autónoma a través de una enmarañada red de leyes y normas menores con las que han pretendido tener atado, y bien atado, tan preciado bien, unas veces con la excusa de del medio ambiente, la valía del escaso suelo que tenemos y otras con la necesidad del control de la calidad turística y del crecimiento.

Lo del suelo es una larga y cruenta historia llena de entresijos, algunos bastante vergonzantes, que podrían sonrojar al más cara dura que se precie desde que el sector más izquierdista de CC intervino, activamente, para crear un cordón sanitario en torno al territorio y poner al servicio político de algunos la inmensa burbuja inmobiliaria que vino con el turismo y que nos llevó a altar cotas de  crecimiento económico. Ha sido un instrumento de poder, uno de los más importantes, pero también el arma para atacar a unos empresarios y premiar a otros, para que una isla gane y otra pierda, como le ha ocurrido a Gran Canaria frente a Tenerife.

Este entramado, que ahora trata de desmontar Clavijo, se tramó en el mauricismo, etapa de influencia del viejo comunismo en el pacto que sustenta el nacionalismo, con Román Rodríguez en el mismo. Aquel era el momento en el que a ningún promotor le dolían prendas pasar por distintas ventanillas creadas ex profeso para dejar allí abultadas prebendas con las que desbloquear sus asuntos. Había dinero para todos y todos se las prometían felices, por lo que regular e intervenir no suponía ningún problema no superable.

Se escondía un elemento ideológico, el intervencionismo clásico de la corriente comunista de CC, que impuso a su gente, sus métodos y sus leyes sobre un bien tan preciado, para crear una cultura política, social y funcionarial que terminó envolviendo al ala más liberal del partido, que vio en el intervencionismo un aliado que daba más cuotas de poder que el liberalismo que impregnaba sus conciencias. El lema no era otro que preservar el territorio del poder depredador de la construcción y el turismo, apoyados en argumentos del desarrollismo inicial y los valores paisajísticos de Canarias.

Era el legado del comunismo liderado por José Carlos Mauricio y los suyos, un patrimonio que ni los más liberales, entre ellos el propio Paulino Rivero, pudo deshacer, a pesar de que introdujo algunos elementos en su leyes que abrían un poco el control, pero sin repercusiones en lo esencial. No se toca más suelo, ni tan siquiera el urbanizable, más de 52 millones de metros cuadros en Canarias paralizados por la moratoria.  La resistencia a deshacerse del poder está en la naturaleza misma de la condición de humanos, y controlando el suelo se podía llegar, desde la presidencia del gobierno, a todos los poderes fácticos de la región, a todos los grandes empresarios, mantener a raya a los alcaldes, incluidos los propios. Al hilo de esa “ideología” o “cultura ecologista”, asumida por todos, estaba muy bien defender el territorio del turismo mientras millones de metros de suelo rústico se llenaban de plástico sin que nadie levantara la voz, nació también la moratoria, un clavo que cerró definitivamente el círculo del control de la construcción y el turismo.

Mantener controlado el 30 del PIB no es un asunto menor y una vez en tus manos, intervenido y domesticado, dejarlo escapar era una utopía política, a pesar de que la realidad, el empuje de grandes inversores, nuevos proyectos al calor del crecimiento turístico, imponían una mayor celeridad en los procesos y abrir la mano.

Llegó la crisis y el debate sobre las políticas para salir de ella sin que se moviera un papel en este sentido, a pesar de que hubo muchas voces que reclamaron replantear el parón al crecimiento impuesto por la moratoria. Había pasado lo peor de la crisis, los conflictos en Oriente Próximo reforzaron el destino, la reforma  laboral abarató el despido y colocó a las empresas en mayores niveles de rentabilidad. Las tesis liberales sobre la necesidad de abrir la mano para crecer y crear empleo se fueron imponiendo. Los empresarios comenzaron de nuevo a cuestionar el sistema de control, la moratoria, pidiendo barra libre para sus proyectos al mismo tiempo que sus teorías económicas comenzaron a fructificar en la sociedad.

Rivero, que puso todo su empeño en canalizar esta nueva situación a través de la renovación turística, tuvo que hacer ingeniería legal para responden a los nuevos retos y no salir del carril programático trazado por Coalición Canaria, que como digo, había pasado a manos de los más liberales, como Domingo Berriel, que se convirtió en guardián de las esencias del postulado mayor, «no más suelo», «no más edificios», «salvo aquellos que se sometan al interés general». Quizás por eso en 18 años Berriel se vio obligado a modificar hasta 18 veces el texto refundido para responder a grandes proyectos y después crear un órgano, presidido por Rivero, desde el que declarar el interés general de los proyectos y agilizar su tramitación, dando paso a otro espacio de poder, ahora mucho más discrecional.

¿Por qué algunas cuestiones de la ley de suelo que parecía obvio debían cambiar llevaron a enmarañar más el complejo cuerpo legal, a engrosarlo y alejarlo de la verdadera necesidad de desarrollo económico y empresarial ? La respuesta es sencilla. Los secuestradores del poder del suelo no han querido nunca soltar esta porción, tan interesante, del poder que tantas buenas relaciones ha proporcionado a políticos, convertidos en mediadores entre el poder de aplicar la ley y el voluntarioso empresario que ha pujado una y otra vez por los favores políticos.

Es evidente que hoy gobierna el ala más a la derecha de CC, los liberales convencidos, como Fernando Clavijo, que han decidido dar un volantazo a este asunto, y eliminar muchas de las trabas que se habían impuesto para mantener la centralidad y el control del suelo y colocar su centro de gravedad en los municipios y cabildos. Con este proyecto de Ley del Suelo, Clavijo revela su camino en los próximos cuatro años. Rompe con muchos años de tradición comunista en Coalición Canaria, de centralidad y control excesivo. En el fondo, existe también la necesidad de consagrar su mandato, procurando el desarrollo económico, abriendo la mano a la construcción y, de paso, consolidar la organización municipal de Coalición Canaria desde la base, precisamente desde donde nace el apoyo al liderazgo que también busca consolidar Clavijo en los próximos meses.

El volantazo de Clavijo, tiene sus peligros, entre ellos, el dejar en manos de los ayuntamientos las decisiones finales. No cabe duda de que, desde el punto de vista político, supone relanzar el poder de los alcaldes sobre el suelo, pero también abrir la puerta a nuevos chanchullos y a la posibilidad de que muchos de los proyectos escapen al control de los intereses generales. Es evidente que los ayuntamientos no tienen instrumentos de peso para contrarrestar las ilegalidades, más bien todo lo contrario. Muchos secretarios municipales están sometidos por los alcaldes, otros son interinos y no quieren follones  y la mayoría no tienen medios y sus observaciones legales son obviadas, como ha ocurrido en muchos casos. El único recurso contra las cacicadas o la corrupción que generará este modelo, como sostiene el propio anteproyecto, es acudir a los tribunales, pero esto está muchas veces fuera del alcance de  grupos de oposición, ecologistas o particulares que ven vulnerados sus derechos.  Será ahí donde el Gobierno de Canarias tendrá que redoblar esfuerzos para impedir ilegalidades, para que la aplicación de la ley responda a los intereses generales de todos los canarios y no se deslicen los ediles por el camino de la corrupción, tan atractivo para muchos de los descerebrados que hoy mandan en los ayuntamientos. Hará falta una fuerte labor inspectora, mayores niveles de transparencia en los ayuntamientos, y, sobre todo, la vigilancia exhaustiva de la oposición y de la  rica sociedad civil que, en Canarias, se mueve alrededor de la conservación del suelo o la reserva por parte del gobierno o del Parlamento de cierto derecho de expropiación de los proyectos que sean cuestionados.