El Plan de Empleo Social sortea el reparto electoral

La penúltima propuesta que hicieron los ayuntamientos a la consejera de Empleo, Francisca Luengo, contemplaba un Plan de Empleo Social que duraba sólo un año, como el que firmaron en 2013. Pero, consciente de que las próximas elecciones autonómicas y locales están a la vuelta de la esquina, Luengo se empeñó en que esta vez, el programa extraordinario durara hasta el primer cuatrimestre de 2015.

Así será. En el convenio que firmarán en los próximos días el Gobierno y la Federación Canaria de Municipios (Fecam) se expone que los proyectos objeto de subvención tendrán una duración de «un año», aunque sus resultados efectivos se percibirán a partir del tercer trimestre de 2014 y durante el primer cuatrimestre de 2015.

Muchos de los municipios podían asegurar su aportación al plan este año, pero no el próximo. Por eso, en la cláusula duodécima del convenio también se hace la salvedad de que «para el caso de los municipios, la aportación para 2015 -estimada dentro del convenio- quedará condicionada a la existencia de créditos presupuestarios».

Pero si los ayuntamientos, mancomunidades -esta vez se incluyen- o entidades objeto de subvención aportaran menos financiación a los proyectos, se reduciría «en la misma cuantía» la parte correspondiente al Servicio Canario de Empleo (SCE).

De todos modos, la financiación total supera los 46 millones bianuales. Los ayuntamientos se han comprometido a poner 26.462.375,22 euros y el Gobierno, a través del SCE con 19.914.878,23 euros.

Los fondos tienen carácter de «subvención directa (...). La necesidad de inmediatez, el evidente interés general de la medida - en referencia a la reinserción social de las personas que serán contratadas- así como el hecho de que las corporaciones locales llamadas a ejecutar los proyectos se configuran como los únicos y más idóneos operadores capaces de alcanzar con éxito los objetivos propuestos, justifican por sí mismos, la utilización de la vía de la subvención directa».

Para reforzar la idea, en el convenio también se alude a una circular emitida el 31 de marzo por la Viceconsejería de Administraciones Públicas mediante la cual se dictan instrucciones para la correcta aplicación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, más conocida como ley de reforma local.

Al respecto, cabe apuntar que algunos alcaldes tuvieron dudas a la hora de adecuar dicho convenio a la ley que entró en vigor en enero de este año.

En cuanto a las condiciones de contratación, se mantienen en líneas generales las que rigieron en el primer Plan de Empleo Social, con la salvedad de que los trabajadores de la convocatoria de 2013 no podrán repetir ni este año, ni el que viene.