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La reciente decisión de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) de rechazar la aprobación de varios planes urbanísticos del municipio de San Bartolomé de Tirajana por no contar con un Plan General de Ordenación adaptado plenamente a las nuevas disposiciones legislativas, ha encendido el farolillo rojo en el gobierno municipal, que se propone poner en marcha todos los mecanismos que le permitan contar lo antes posible con dicho instrumento de planeamiento. La alcaldesa, Mari Pino Torres, afirmó que el pacto NC-PSOE tiene previsto definir en el corto plazo un calendario de actuaciones para comenzar a resolver los problemas que afectan y mantienen paralizado a dicho planeamiento. «En principio lo primero que tendrá que hacerse por el pleno de la Corporación es aprobar las alegaciones que se encuentran pendientes de resolver, para con posterioridad aprobar el informe sobre la evaluación de los efectos medioambientales del Plan General, un estudio que luego tendrá que estar en exposición pública por un periodo de 45 días». Circunstancia. Por otro lado el Plan General tendrá que ser adaptado plenamente al Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de Mayo, porque el hecho de que todavía no se haya ajustado a esta normativa es una circunstancia que impide que pueda tramitarse ni aprobarse ningún plan urbanístico de desarrollo. Precisamente por esta misma razón la Cotmac echo para atrás hace una semana la ampliación del parque temático Palmitos Park, frustrando de momento la posibilidad de que esta empresa pueda desarrollar el proyecto de un gran delfinario con una inversión millonaria. Otro de los trámites que tendrá que atravesar el documento de planeamiento se refiere a la Ley 9/2006 de 28 de abril, sobre Evaluación de los Efectos de Determinados Planes y Programas en el Medio Ambiente. Esta ley, introduce en la legislación la evaluación ambiental de planes y programas, también conocida como evaluación ambiental estratégica, como un instrumento de prevención, e incorpora la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes.
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