Arrecife

El Juzgado investiga un caso de corrupción urbanística "de gran importancia" en el Ayuntamiento de Arrecife

02/03/2009
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El Juzgado número 8 de Arrecife investiga “un caso de corrupción municipal de gran importancia cuantitativa, tanto por el importe económico de los beneficios que se pudieran haber obtenido como del también importante número de personas involucradas”, según señala un escrito de la Fiscalía.

El ministerio fiscal, en unas diligencias terminadas en mayo de 2007, apreció la posibilidad de que se estuvieran cometiendo delitos continuados de estafa y falsedad en documento público, pero también de la posible comisión de cohecho o tráfico de influencias.

Los hechos se remontan al año 2002 aunque las diligencias de la Fiscalía se incoaron el 4 de septiembre de 2006 a raíz de una denuncia de la ex alcaldesa María Isabel Déniz (CC) sobre irregularidades en la gestión del catastro. La denuncia se basa en un informe encargado por la propia regidora a Cristina Fernández, responsable del departamento de rentas. A su vez el informe lo impulsó la denuncia pública del club de fútbol Altavista, ya que le disputaban la propiedad de un solar que le pertenecía.

De manera resumida, y según el escrito de la Fiscalía, los hechos son los siguientes: Se trataría de una trama dedicada a hacerse con fincas urbanas en Arrecife, cambiar su propietario tanto en el catastro (otorgando referencias catastrales ficticias) como en el Registro de la propiedad, posteriormente hacer segregaciones ilegales, aplicar linderos que no coinciden con la realidad, solicitar la licencia municipal correspondiente y venderlas a un tercero.

Todo esto, con la colaboración necesaria de funcionarios del Ayuntamiento. Se da la circunstancia de que los compradores y los vendedores de los terrenos son siempre los mismos.

Alteración del catastro.

Las fincas afectadas están en el barrio de Maneje, en la zona llamada Cercado Viejo. Se trata de terrenos sin construir que aparecen con propietario “desconocido” en la base del catastro, “lo que no quiere decir que no tengan dueño”, resalta la Fiscalía.

Además de los cambios de titularidad, se hacen múltiples segregaciones pero la finca matriz continúa siempre con las mismas dimensiones. Esas peticiones de segregación se solicitan siempre “a la misma persona del Ayuntamiento”, según el informe municipal, y están escritas a mano y sin firmar.

Notaría.

Esas segregaciones serían la base para realizar las operaciones urbanísticas. Las compraventas no sólo se hacen entre las mismas personas o sociedades sino que tanto las licencias de segregación como la constitución de esas sociedades se realizan en la notaría de Carmen Martínez Socias, de la que la Fiscalía señala que tiene una actitud “poco o nada rigurosa”.

En el escrito se analizan cuatro casos particulares, que han llegado a los tribunales reclamando su propiedad. Algunos han terminado y otros llegaron a un acuerdo extrajudicial. Se han detectado hasta 53 movimientos de fincas y la Fiscalía señala que estos casos “no son más que una mínima parte de todos los que han ocurrido o pueden estar todavía ocurriendo”.

Los mismos protagonistas.

La parte vendedora siempre es la misma: Mercedes Cabrera Medina o herederos de Cabrera Sastre, mientras que la compradora siempre es Lucía Medina Tavío, que es quien solicita las segregaciones, o bien una constructora (Piconca, Volcán de la Lapa, Mayreb u otras). Entre los administradores de algunas de estas empresas están Segundo Martín Cibantos, Raquel Inmaculada Martín Rebolo o Teresa Tavío Robayna, madre de Lucía Medina.

El fiscal pide la imputación, al menos, de Lucía Medina y Mercedes Cabrera y señala que, dentro del Ayuntamiento, “los datos apuntan a la participación primordial de Dulce Carmona, el señor Morera, Martín Robayna, Jesús Morales y Miguel Bethencourt”, pero apuna que también existen indicios contra otros funcionarios “por cuanto los hechos investigados se conocen de largo y se consintió durante largo tiempo".

Se cita también en el escrito a la ex concejal de Urbanismo, Nuria Cabrera, expulsada del PSOE, que participó en una reunión entre afectados. Asimismo, se pide que se esclarezca la participación de la notario Carmen Martínez Socias, “cuya actuación resulta poco o nada rigurosa y habrá de aclararse al menos si pudiera haber incurrido en responsabilidad civil o disciplinaria, si no penal, por cuanto resulta coincidente que todo movimiento que lleva a cabo Lucía Medina es a través de ella [de Martínez Socias]".

La Fiscalía de Arrecife tomó declaración a la firmante del informe-denuncia, Cristina Fernández, sobrina del ex secretario del Ayuntamiento, Felipe Fernández Camero. Además solicitó información de las fincas y de las empresas implicadas, pidió datos al Ayuntamiento y a la Gerencia territorial del Catastro, que no aportó apenas nada y tomó declaración a cuatro de los perjudicados.