El juez gira en el ‘caso Icfem’ y lo alarga tras 11 años de espera

Suma y sigue. Más de un década después, la instrucción judicial sobre supuestas irregularidades en los fondos del Instituto Canario de Formación y Empleo (Icfem) sigue viva, y con visos de prolongarse varios años más.

El magistrado que instruye la causa, Luis Galván, acordó en fechas recientes privatizar la inspección de los cursos a parados que se ejecutaron entre 1993 y 1999. La decisión del juez se produce después de que el Gobierno de Canarias comunicara al Juzgado de Instrucción Número 6 de Las Palmas, su incapacidad para asumir la tarea de fiscalización del Icfem durante ese periodo.

Tanto la Intervención General (dependiente de Economía y Hacienda, gestionada por el PP) como el Servicio Canario de Empleo (dependiente de Empleo, en manos de Coalición Canaria), alegaron ante el juez deficiencia de recursos para absorber la petición, que se produce después de que la acusación particular exigiera un peritaje por posible lesión a los fondos públicos.

La Intervención General que dirige Enrique Hernández Bento advirtió al juez de que la solicitud es «inasumible» porque arriesgaría la justificación del programa operativo de la Unión Europea, del que dependen millones de euros en subvenciones. Empleo, regido por Alberto Génova, planteó algo parecido y justificó su negativa ante el «brutal crecimiento del desempleo». «No hay medios ni personal para una tarea inabarcable».

El juez pidió al Gobierno una alternativa y los técnicos de la Administración recomendaron la contratación de cuatro auditores privados, que revisarán todos los expedientes formativos bajo la coordinación de una interventora que ha sido liberada por la Comunidad autónoma y que pasa a depender del juez en régimen de exclusividad. Los trabajos de los auditores se prolongarán hasta finales de 2010 y el coste estimado sobrepasa los 300.000 euros.

En total, una vez que el trabajo de fiscalización esté completo (en 2011), el caso Icfem alcanzará los 13 años de instrucción, con lo que se convertirá en uno de los más antiguos de la historia judicial canaria, hasta que el juez le dé traslado para el juicio oral.

Como se recordará, la peritación de los cursos emana de una solicitud del abogado José Rivero, personado como acusación particular, quien desde el principio insistió en evaluar la existencia de la malversación. El juez Luis Galván le denegó la petición; Rivero recurrió y cuando el caso iba a ser juzgado, la Audiencia le dio la razón al letrado acusador. El procedimiento volvió al juzgado de instrucción y es ahora, un año después, cuando se ha decidido qué camino seguir para saber si los gestores y los centros privados que impartieron los cursos causaron daño al erario público.

PSOE, Tindaya y 130.000 folios

La historia del Icfem empieza a dar síntomas de fatiga institucional. La sensación más generalizada es que el caso acabará devaluándose a medida que pasan los años. Todo empezó en una rueda de prensa.

Seis imputados. «La revolución devora a sus hijos». Esta frase lapidaria la ha pronunciado varias veces Aurelio Ayala, ex director general del Icfem y uno de los seis imputados por presunta falsedad documental y prevaricación, junto a otros cuatro directores generales (Tomás Quesada, Francisco Almeida, Francisco Zumaquero y Diego León) y un consejero (Víctor Díaz).

La denuncia. El caso se inició con una denuncia pública de Aurelio Ayala, al admitir que el Gobierno había incoado decenas de expedientes de reintegro para recuperar 6 millones de euros mal justificados por entidades privadas. Aquella revelación (1997) se realizó en una rueda de prensa y el PSOE se lanzó contra el Gobierno. En 1998, CCOO y Justicia y Sociedad se querellaron. En 2000, la Audiencia de Cuentas remitió sus conclusiones a la Fiscalía.

Tindaya. El caso acabó estallando con 23 imputados en plena investigación de Tindaya, que casi le cuesta la Presidencia a Román Rodríguez. El PSOE no pudo con Tindaya pero se conformó con el Icfem, ya que afectaba a dirigentes afines a José Carlos Mauricio.

Fatiga. Años después, el juez redujo de 23 a seis los imputados, pero la sensación generalizada es que el caso se devaluará por fatiga: 130.000 folios más los que aporten ahora los auditores.

Auditorías que no vieron delito

Los auditores privados volverán a inspeccionar lo ya aprobado en la Intervención del Gobierno. Tres instituciones contables de primer orden se pronunciaron su momento a favor del uso correcto de los fondos del Icfem (hoy Servicio Canario de Empleo). La propia Intervención de la Comunidad dio por buena la mayoría de los cursos del periodo 93-99 y los que no pasaron el filtro fueron convalidados en 1997 por el Gobierno de Manuel Hermoso. El Tribunal de Cuentas de España también se pronunció a favor de los gestores del Icfem, no apreciando lesión alguna a los caudales públicos de la Comunidad autónoma. La Unión Europea, en su fiscalización global, tampoco apreció irregularidades y aprobó el programa operativo en el que se enmarcaba los cursos a parados, subvencionados por Bruselas.