El juez desestima el recurso que pedía la suspensión cautelar del Carnaval de la capital tinerfeña

10/02/2006

El titular del Juzgado Contencioso-Administrativo Número 1 de Santa Cruz de Tenerife, Jaime Guilarte Martín-Calero, ha desestimado hoy el recurso interpuesto por un grupo de vecinos de la zona centro de la capital, con el que solicitaban la suspensión cautelar del Carnaval alegando que las fiestas vulneran el derecho fundamental a la intimidad personal y familiar.

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En un acto informativo, el alcalde del municipio, Miguel Zerolo, ha expresado su satisfacción por la decisión del juez y ha subrayado que podremos celebrar el Carnaval "como lo hicieron nuestros padres y nuestros abuelos, sin ningún problema". A su juicio, el magistrado "ha obrado de manera sabia y salomónica" ante lo que definió como "una papa caliente que en ningún momento debió llegar al juzgado".

Zerolo hizo hincapié en que fueron sólo “algunos vecinos” quienes pidieron esta suspensión, al tiempo que resaltó que tendrían que haber optado por otros procedimientos. “No sé si existe alguna motivación política en esta solicitud, pero si ha sido así, no ha servido de nada. El Carnaval es del pueblo; no es el alcalde quien sube al escenario, sino que el Ayuntamiento lo organiza y facilita los medios para que se celebre de la mejor forma y para que la gente se divierta lo mejor posible”, expresó.

Asimismo, recordó que durante el Franquismo no se suspendió nunca esta fiesta, y destacó que incluso algunos obispos la apoyaron, por lo que insistió en que con la petición de suspensión cautelar “sólo se ha querido perjudicar al pueblo de Santa Cruz. También indicó que cuando los vecinos que han interpuesto el recurso compraron sus casas, “ya sabían que existía el Carnaval, con todas sus molestias, porque se celebra en un sitio histórico”.

El alcalde subrayó que estas fiestas “estaban antes de que esas personas viviesen allí”, aseguró que nunca pensó que un vecino del municipio “pudiese pedir” que se supriman y afirmó que el Ayuntamiento “nunca va a negociar con el Carnaval de Santa Cruz” ante la posibilidad de que los denunciantes pidan alguna indemnización. “Está claro que no puede haber un Carnaval sin música, sin ruido o dentro de un ayuntamiento”, expresó, recordando que se han puesto limitaciones al volumen de la música.

Miguel Zerolo señaló que en todos los barrios siempre existen algunas molestias, en algunos de ellos “todo el año”, aunque precisó que éste no es uno de esos casos. En este punto, indicó que, por esa misma regla de tres, “se podrían suspender todas las fiestas, como las Fallas de Valencia o las romerías”, por lo que la normativa vigente presenta una “laguna legal” en ese aspecto “que en ningún lugar se ha utilizado por ningún vecino”. Según dijo, “se ha de intentar que este riesgo latente para todas las fiestas de Canarias quede regulado y que no haya que pasar por lo que hemos pasado nosotros”.

El alcalde recordó que el Ayuntamiento ha estudiado la posibilidad de trasladar el Carnaval a otras zonas de Santa Cruz, como Cabo Llanos, pero argumentó que el espacio allí no es suficiente, no existen instalaciones hosteleras para atender la demanda que se genera, obligaría a cortar la entrada al municipio desde la autopista del sur y seguiría generando molestias a otros vecinos, además de que se trasladaría de un “lugar histórico” a uno “nuevo”.

En este sentido, explicó que cuando la Autoridad Portuaria saque el muelle de enlace, quedará disponible una “área grande” que ya se ha confirmado que será de uso público, donde se podrían albergar estas fiestas. No obstante, precisó que esto se hará “cuando se pueda, dentro de unos tres años, como mínimo”.

Razonamientos jurídicos

La sentencia recoge que se pretende la suspensión cautelar del Carnaval 2006 en la zona centro de Santa Cruz entre el 24 de febrero y el 5 de marzo alegando por los demandantes -ocho comunidades de propietarios y diez personas más- que es una actividad molesta autorizada sin seguirse el procedimiento legalmente establecido e ilegal según la Ley de Actividades Clasificadas de 1998. En el documento se precisa que el Tribunal Supremo ha declarado la nulidad de un acto similar a éste.

Asimismo, se explica que los denunciantes alegan que se trata de una medida cautelar, porque el recurso perdería finalidad legítima, ya que celebrado el Carnaval, se traduciría inevitablemente en una indemnización de daños y perjuicios y que el derecho al descanso y tranquilidad de los vecinos tiene preferencia sobre cualquier interés público o de terceros. El Ayuntamiento, por su parte, alega que el Carnaval es una fiesta de interés turístico internacional y se ha incoado expediente por la Unesco para su declaración como Patrimonio de la Humanidad, con una repercusión económica calculada en 300.000.000 euros clave en la actividad turística.

La Administración local acusa a los demandantes de actuar “con mala fe” por no haber efectuado reclamaciones o quejas para, de este modo, haber podido adoptar medidas que pudieran reducir el impacto del Carnaval, al tiempo que apunta al principio de proporcionalidad al exigir medidas alternativas que ponderen la protección de los intereses generales. Mientras, en el razonamiento jurídico se señala que el Ministerio Fiscal no se opone a la medida cautelar en cuanto a la emisión de música al aire libre en horario nocturno, añadiendo que pueden estar en juego también otros derechos fundamentales, “porque es sabido que muchos vecinos se van del centro ante la imposibilidad de conciliar el sueño durante esos días”.

En la resolución, se indica que la petición genérica de suspensión de los carnavales es excesiva “y de ningún modo podría ser objeto de una íntegra estimación”. Según el juez, estas fiestas se componen de actos diversos, por lo que la adecuación social de las molestias y ruidos han de ser objeto de valoraciones separadas. No obstante, aclara que el ruido, en este caso es “un problema de aplicación y ejecución del Ordenamiento Jurídico, siendo ajena a este ordenamiento la posible vulneración de derechos fundamentales imputables a la pasividad municipal”.