El juez absuelve a Sosa y Chavanel y condena a Soria a pagar las costas

24/09/2009

En el llamado 'caso chalet', el juez reprocha a Soria la "temeridad" de mantener la petición de condena por injurias y calumnias y destaca las 'singularidades' del contrato de alquiler con Esquível

El juez Francisco Javier García García-Sotoca, titular del Juzgado de lo Penal número 4 de Las Palmas -en funciones, por sustitución de la titular- ha notificado hoy a a las partes la sentencia absolutaria de los periodistas Francisco J. Chavanel y Carlos Sosa, que habían sido denunciados por lo penal por José Manuel Soria. En su fallo, el juez impone las costas a José Manuel Soria.

Soria había denunciado a los citados periodistas por un presunto delito de calumnias e injurias, en relación con el llamado 'caso Chalet' y el trato dispensado desde la Autoridad Portuaria a una empresa de Javier Esquível en el concurso eólico, siendo Esquível propietario de la vivienda en la que durante unos meses se alojó Soria con su familia.

En su sentencia, el juez destaca que en su "riguroso informe" la representante del Ministerio Fiscal ya sostuvo que "en el presente supuesto, el querellante no ha sido imputado por los hechos atribuidos en la información suministrada, que por tanto no han acreditado fehacientemente la verdad de sus afirmaciones. Pero ello, como se ha expuesto anteriormente, no supone sin más que sean responsables de un delito de calumnias, ya que deberá examinarse si han obrado con la debida diligencia y si actuaron con conocimiento de la falsedad o temerario desprecio a la verdad", para a continuación, prosigue el juez, "explicitar con precisión las razones de por qué los imputados no actuaron con ligereza a la hora de buscar la fuente de su información". En ese punto, el juez disecciona los pasos seguidos por los periodistas y concluye que sí se actuó diligentemente.

Respecto al contrato de alquiler en una casa propiedad de Esquível, el juez afirma: "De las explicaciones que nos han dado los matrimonios al respecto del susodicho contrato y los recibos que los acompañan , se colige lo siguiente: a) no ha quedado claro quién los redactó -el contrato es desde luego muy medido y alambicado como para ser hecho por un profano- así el señor Esquível sostuvo que lo redactó el abogado del señor Soria, éste a su vez en un principio dijo que lo redactó personalmente y después que fue el señor Esquível y su señora, mientras que la señora Benítez cree que el contrato lo hizo su marido y se lo dio a firmar; b) que no se puso fianza por la confianza y amistad que existía entre ambos matrimonios; c) que el pago lo hacía doña Carmen en el domicilio de la arrendataria, a veces acumulando los pagos, así como acumulándose la expedición de los recibos; d) que el dinero que recibía doña Gabriela de acuerdo con su marido don Javier Esquível se lo quedaba para sus gastos, acordando que el importe total del arrendamiento ya lo arreglaría don Javier con su contable, literalmente nos dijo que pagó un alquiler que el señor Soria le pagó a su mujer, que cuando cobró lo puso en la contabilidad, que él le dijo a su contable que lo del arrendamiento lo iba a pagar él y no su mujer".

Aquí, el juez entra de lleno en el análisis del contrato y agrega que lo que describen los testigos "no se corresponde con lo que es habitual en el tráfico jurídico arrendaticio, máxime cuando la arrendataria es una mercantil". En ese punto, el juez explica que la lectura de las copias de los libros mayores refleja que con el resto de arrendatarios sí se siguieron los procedimientos habituales en materia de alquileres, "sin el ir y venir de doña María del Carmen al domicilio de la arrendadora".

En la sentencia se dice expresamente que Carlos Sosa acudió "a los medios ordinarios y lógicos [para contrastar la información], es decir, ante un arrendamiento donde una de las partes es una mercantil, contrastó los datos en el lugar donde había que hacerlo, en el Registro Mercantil, con el resultado conocido, siendo de todo punto imposible que pudiera conocer el trasunto del arrendamiento, que fue articulado por las partes de modo tan irregular; a pesar de que los testigos, especialmente el señor Soria y el señor Esquível, insistieran, con especial vehemencia el primero incluso con sarcasmo a cuenta de la fianza, de que todo se hizo conforme a la pactado, precisamente, y lo explicitó con toda claridad uno de los letrados de la defensa, cuando de un alto alto cargo de la Administración se trata -nada menos que el presidente del Cabildo, presidente de uno de los dos partidos mayoritarios, y miembro del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria-, la relación arrendaticia, más que en ningún caso no debiera haberse desplazado un ápice del régimen que por la mercantil Atlantic Building SL se le dispensó al resto de arrendatarios, como figura en los libros mayores. En definitiva, la documental aportada en orden a sustentar la realidad del arrendamiento sito en Los Toscanes, y la explicación que de dicha relación arrendaticia han dado los testigos, en modo alguno desdicen la cabal diligencia del señor Sosa a la hora de contrastar los dtos que le habían facilitado, y en virtud de los cuales propagó dicha noticia en un medio digital y en la radio, partiendo de los hechos que hemos descrito con anterioridad, y que lejos de constituir en mera y vacua rumorología, han venido corroborados por la documental obrante en los autos y aportada en el acto del juicio, así como de las pruebas testificales practicadas".

Respecto a Francisco J. Chavanel, entonces en Canariasahora Radio, el juez concluye que se limitó a hacer una introducción en su programa El Espejo Canario del tema que se iba publicando en el periódico digital y a entrevistar a Carlos Sosa y Alexis González para que informasen al respecto, "por lo que nos encontramos ante un genuino reportaje neutral, sin que en consecuencia el señor Chavanel haya incurrido en ninguna conducta atípica".

Sobre la imposición de las costas judiciales a Soria, el juez explica que el denunciante, una vez escuchado el informe de la Fiscalía y analizadas las pruebas, podía haber llegado a la misma conclusión que el Ministerio Fiscal, pese a lo cual se ratificó en la petición de condena, lo cual, añade el juez, "entraría en la categoría de temeridad, llevando a los acusados a transitar durante un proceso penal con todos los gastos y desvelos inherentes, donde la respuesta tiene un carácter punitivo, y ello por el legítimo ejercicio del derecho a la información, máxime cuando este tipo de acciones penales pueden hacer que los ciudadanos se desanimen (...) al momento de ejercicio de la libertad de expresión o el derecho a la información, en defenitiva, es necesario evitar que la acción penal se pudiera convertir en una suerte de instrumento para amordazar dichas libertades".

La sentencia no es firme y cabe recurso de apelación en el plazo de diez días.