El grupo de gobierno despide a 21 trabajadores de convenio

El comité de empresa municipal dio este martes la voz de alarma. Su presidenta, Cecilia Guerra, denunció que el Ayuntamiento ha comunicado el despido a 21 trabajadores adscritos a programas de Educación, Servicios Sociales e Igualdad, que dejarán de prestar sus servicios el 31 de diciembre de 2012. Y la alcaldesa, Mari Carmen Castellano, lo confirmó después, pero justificó la decisión en que en esa fecha acaba la subvención por la que fueron contratados.

«Desarrollan competencias que no son del Ayuntamiento, ejecutan programas que vienen subvencionados y son trabajadores que no son municipales ni han pasado por un concurso-oposición, por lo que no nos queda otra que comunicarles la extinción del contrato».

Dos de los profesionales afectados trabajan en el Centro Psicosocial de Telde, que pertenece a Servicios Sociales, siete (un trabajador social, cuatro cuidadores, un educador familiar y un monitor de terapia) en el Centro Ocupacional de Telde (Codat), de Cruz de Jerez, tres son agentes de Prevención de Género, que están en Igualdad, y otros ocho trabajadores tienen a su cargo la tramitación de las ayudas de la Protección Canaria de Inserción (PCI) desde Las Remudas.

Guerra censura los despidos porque ese personal no le suponía coste alguno al Ayuntamiento, pero es eso mismo lo que la alcaldesa usa como excusa. «No es personal nuestro y si no les comunicamos el despido, al final acabarán entrando en el Ayuntamiento por la puerta de atrás, como ha pasado aquí con tantos otros, que se han quedado fijos». Su visión choca de lleno con la de Guerra, que achaca los despidos a una «operación diseñada por los cabecillas del pacto para colocar en estos puestos a personas afines a sus partidos». El personal despedido del Centro Psicosocial lo financia el Cabildo al 100%, el del Centro Ocupacional lo costean Cabildo y Gobierno, y el de Prevención de Género, Cabildo e Instituto Canario de Igualdad. Sólo los 8 trabajadores de la PCI están adscritos a un programa que Telde financia en un 50% con el Gobierno. Por eso a Guerra no le caben dudas. «Lo que quieren es colocar a su gente», indicó.

CC OO, que se unió ayer a esta denuncia, advierte de que los despidos son ilegales por no haberse remitido con 15 días de antelación y se queja de que al menos el programa del Centro Ocupacional ya tiene financiación comprometida para 2012, «por lo que ya podrían dar continuidad a los ocho trabajadores que quieren despedir».