El Gobierno repartirá comida de los súper ante la crisis

10/03/2009

La Asociación de Supermercados de Canarias (Asuican) ha aceptado la propuesta del Gobierno para distribuir alimentos entre las familias más afectadas por la crisis. El Ejecutivo pretende incluir a los hipermercados en este acuerdo. La Consejería de Bienestar Social fijará los criterios de distribución.

El portavoz del Gobierno canario, Martín Marrero, aseguró ayer que la Asociación de Supermercados de Canarias ha aceptado la propuesta del jefe del Ejecutivo, Paulino Rivero, para estudiar la posibilidad de que los productos alimenticios con un pequeño plazo de comercialización, que no estén vencidos y que el consumidor no compra, puedan ser repartidos entre las personas más necesitadas del Archipiélago.

Martín Marrero declaró que Asuican ha mostrado una «muy positiva predisposición» a aplicar esta medida. El portavoz especificó que la comunidad autónoma está en la fase de la «negociación» aunque «inicialmente» la asociación de los supermercados «ha aceptado» participar en el reparto de aquellos productos, cuya fecha de consumo preferente ya se ha cumplido. No se trata de productos caducados, recalcó Marrero. El gabinete autonómico, tal y como avanzó el portavoz, quiere extender este principio de acuerdo a los hipermercados.

Según el plan de residuos de Tenerife, una gran superficie genera, al año, entre 200 y 500 toneladas de productos perecederos que son tratados en centros de gestión de residuos. El plan recuerda que el sector de la alimentación está obligado a liquidar los excedentes que se encuentren próximos a las fecha límite de consumo que no se comercializan.

Emergencia.

Esta propuesta se enmarca dentro del paquete de medidas de emergencia social ante la recesión económica dispuestas por la Consejería de Bienestar Social de Inés Rojas desde marzo de 2008. Este departamento será el responsable de definir los criterios de distribución de los alimentos entre las familias necesitadas.

Dentro de ese paquete de medidas de emergencia y en coordinación con las administraciones locales, el Gobierno ha logrado que 9.000 familias hayan evitado desahucios inminentes por falta de pago de los recibos de los alquileres de viviendas o de luz y agua.

Setenta y tres ayuntamientos solicitaron estas ayudas. Se concedieron los cuatro millones de euros habilitados. El plazo para la presentación de las solicitudes finalizó a mediados del pasado mes de octubre. Cinco meses después 9.000 familias han podido evitar los desalojos por impago.

Hablar del estado de las Islas.

El portavoz, Martín Marrero, evitó confirmar si el jefe del Ejecutivo acudirá a su segundo debate del estado de la nacionalidad, del próximo 23 y 24 de este mes, con la idea de anunciar alguna nueva medida destinada a afrontar la crisis. Marrero confirmó que las propuestas en preparación, que formarán parte del pacto económico y social que pretende firmar con los agentes económicos y sociales, aún necesitarán más de dos semanas para su concreción final. El portavoz afirmó que la «filosofía» del próximo debate va a ser «hablar» de las acciones gubernamentales. Pero no será hasta el 23 de marzo cuando sepamos si Rivero «aporta medidas, espera otras o las dos cosas» al tiempo.

40 millones más para avales a pymes.

El Consejo de Gobierno decidió ayer ampliar hasta 50 millones de euros el importe del reaval a las sociedades de garantías recíprocas de Canarias (Sogapyme y Sogarte) con el fin de garantizar hasta el 75% los riesgos financieros avalados por estas dos sociedades públicas a favor de las pequeñas y medianas empresas (pymes) ante las entidades financieras. Esta decisión, que se incluye entre las medidas destinadas a paliar los efectos de la recesión y las dificultades para acceder a créditos bancarios puestas en marcha desde marzo de 2008, obliga al Ejecutivo de Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP) a realizar la primera reforma de la Ley de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 2009, según informó el portavoz, Martín Marrero. Para ello, la Consejería de Economía y Hacienda preparará un proyecto de ley de modificación del artículo 64 de los presupuestos, que será elevado al Parlamento con la petición de que se tramite por el procedimiento de urgencia y lectura única. Con ello se recorta al máximo toda la tramitación necesaria para que el pleno de la Cámara vote una propuesta legislativa. En la actualidad, el importe máximo de reaval contemplado en la ley de prespuestos es de 10 millones de euros.

Con la ampliación a los 50 millones de euros, la Consejería podrá formalizar contratos de reavales que atenderán la cobertura de créditos hasta 15 millones de euros. La comunidad autónoma dispondrá hasta 25 millones de euros para cubrir los fallidos de operaciones avaladas con un plazo de vencimiento igual o superior a tres años. También se autoriza al departamento económico regional a aumentar hasta 10 millones de euros las reestructuraciones financieras de plazos de amortización.