El Gobierno pregunta al Cabildo sobre la residencia de Agüimes

11/07/2016
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El Gobierno canario ya dijo que en el caso de la residencia de mayores de Agüimes había «algo grave», pero aún no ha tomado ninguna decisión, entre otras cosas, porque espera por el Cabildo para que le remita un informe sobre las certificaciones de los pagos de los usuarios que le enviaba el ayuntamiento del sureste.

La consejería de Política Social, que depende de la socialista Patricia Hernández, requirió a principios de la semana pasada al Cabildo de Gran Canaria un informe sobre las certificaciones de los pagos de los usuarios de las 14 plazas de la residencia de mayores de Agüimes que están subvencionadas con cargo a la Ley de Dependencia. El Gobierno canario trata así de armar un expediente de inspección a raíz de la denuncia formulada por varios afectados, que se quejan de llevar años pagando dinero de más, hasta 900 euros más al mes, porque no se les descontaba la ayuda de la Ley de Dependencia. Esas subvenciones son nominales y el consistorio no las estaba usando para rebajar la cuota de los beneficiarios, de 1.200 euros al mes.

Por los datos recabados por este periódico, el Cabildo, que causalmente preside Antonio Morales, quien hasta mediados de 2015 fue alcalde de Agüimes, dispone de 15 días para remitir la documentación solicitada. Una vez que llegue a manos de Política Social, será estudiada con detalle y remitida a los servicios jurídicos para que les asesoren sobre qué pasos seguir. Si se aprecian indicios de la comisión de algún delito, entonces el Gobierno lo pondría en conocimiento de la Fiscalía. Política Social actúa porque subvenciona estas plazas junto al Cabildo con cargo a un convenio firmado entre ambos en 2014.