El Gobierno de Canarias acudirá a la Fiscalía

El Gobierno de Canarias acudirá mañana mismo al Ministerio Fiscal para que investigue si los controladores han violado la ley al abandonar su puesto de trabajo que ofrece un servicio público esencial. Además, los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma están estudiando si también se puede interponer una demanda civil que exija una indemización a los controladores por las consecuencias de su decisión.

Así lo anunció hoy el presidente regional, Paulino Rivero, tras la celebración del Consejo de Gobierno. Además, Rivero señaló que exigirá al Gobierno central que impulse por la "máxima vía de urgencia" un proyecto de ley que militarice al cuerpo de controladores y así estén sometidos a las normas del colectivo militar.

Al mismo tiempo, explicó que pedirá al Gobierno central que modifique el código penal para que el abandono de las obligaciones no sea un falta administrativa si no un delito penal con todo lo que eso conlleva.

Rivero insistió en que "todo un país no puede ceder al chantaje de unos privilegiados que cobran 480.000 euros al año". El presidente regional alertó de las consecuencias que el cierre del espacio aéreo tiene para Canarias. "Las consecuencias económicas son incalculables, y eso sin contar el daño que se le está haciendo a miles de personas", indicó para añadir, "nuestra indignación es cien veces mayor que la que puede tener un peninsular".