El Gobierno CC-PP no tendrá «compartimentos estanco»

La reunión entre las comisiones negociadoras se dedicó al bloque institucional en el que se «consiguieron avances». Los interlocutories volverán a sentarse hoy en Tenerife y en dos nuevos encuentros el jueves y el viernes de la próxima semana. Al termino de esas reuniones, harán público el documento final «de un posible acuerdo», según señaló Barragán. Entre los objetivos del nuevo Ejecutivo estará la elaboración de un «código de buen gobierno» que afecte a políticos y altos funcionarios de la Comunidad.

Otro de los asuntos abordados ayer propone simplificar el funcionamiento de la administración pública, de modo que se modifiquen o deroguen normas «que no tienen finalidad alguna o que confunden a los ciudadanos», explicó Larry Álvarez. Se crearán más oficinas de atención al ciudadano y se ampliará la administración electrónica.

Igualmente, los socios del pacto proponen una nueva Ley de Cabildos -«cuanto antes», dijo el portavoz popular- que garantice que estas instituciones son los gobiernos insulares y descentralice competencias hacia los ayuntamientos. En el área de comunicación, se plantea que la televisión canaria se oriente a un mayor servicio público y dé más cabida a la producción canaria.

En materia de Justicia, los negociadores han cerrado un acuerdo que implica desarrollar un plan de infraestructuras hasta 2011, informatizar los juzgados y tribunales y el plan de formación que ayude a los opositores de todas las Islas a competir en igualdad de condiciones. Asumir competencias en acción exterior es otro de los objetivos. Población. El único apecto abordado entre el PP y CC en el que no se selló un acuerdo fue en el relativo al crecimiento poblacional. Los nacionalistas plantean la elaboración de un diagnóstico sobre «capacidad de desarrollo poblacional sostenible», fundamentalmente para «planificar de cara al futuro». En este sentido, Álvarez indicó que ha quedado sobre la mesa hasta la próxima semana en que CC les debe explicar «que pretenden con ese diagnóstico, en qué consiste el control de la población y con qué medidas constitucionales se pueden llevar a cabo».