El Gobierno calcula que dará a 13.000 canarios la ayuda de inserción

En cualquier caso, el portavoz del Ejecutivo, Martín Marrero, explicó que el objetivo principal es ampliar la cobertura de las personas que se encuentran en situación de exclusión social. En 2013, se llegó a 11.917 personas y «confiamos en que esta modificación pueda cubrir las necesidades de hasta un 9% más», superando así los 13.000 preceptores.

Esto será posible al establecer unas nuevas condiciones de acceso; se exigirá un año de residencia en vez de los tres actuales, el período que se calcula como ausencia de renta se reduce de un año a tres meses y las prestaciones por dependencia dejan de computar.

Paralelamente, se varían las cuantías de la ayuda económica básica de tal forma que por cada hijo que la familia tenga a cargo se obtendrán 50 euros adicionales.

Igualmente, se cambia el periodo de cobro de la prestación económica, estableciéndose un máximo de 12 meses y se permitirá renovarla otros 12 meses.

El portavoz indicó además que se busca acortar los tiempos de respuesta administrativa a la solicitud. En la referencia del proyecto de ley, el Ejecutivo sólo alude a 4 meses. Sin embargo, en el trámite también participan los ayuntamientos para los cuales se planteaban 2 meses. Si esto es así, la respuesta legal de la Administración queda en un total de 6 meses.

Al respecto, Marrero negó que la tardanza denunciada por sectores profesionales relacionados con la PCI fuera achacable al Gobierno; «el personal pertenece a los ayuntamientos», replicó.