El Gobierno admite un gasto de 25,7 millones en Tindaya

14/03/2008

El Gobierno de Canarias reconoció ayer, por primera vez en 13 años, que lleva gastados 25,7 millones de euros en el proyecto monumental de Tindaya, sin que por el momento se haya movido una piedra. El consejero regional, Domingo Berriel, mantuvo elobjetivo de continuar con la obra.

Ni la culminación de la comisión de investigación más polémica desarollada en el el Parlamento de Canarias ni la interposición de dos demandas civiles, otras cuatro contra el Ejecutivo regional y una querella criminal, en la última década, sirvieron para que los gobiernos de Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP) de la quinta y la sexta legisaltura de la Comunidad Autónoma admitieran el gasto que ha supuesto el proyecto ideado por el fallecido escultor Eduardo Chilidda.

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, Domingo Berriel, terminó con este secreto en la sesión plenaria de la Cámara, ceelbrada ayer. Desde que el Ejecutivo canario comenzó a invertir en este proyecto en 1996 y hasta la actualidad, la Comunidad Autónoma ha gastado 25.717.000 euros. Esta cantidad se ha distribuido entre los 12.983.000 euros que empleó la empresa pública, una sociedad anónima denominada Promoción del Turismo, Naturaleza y. Ocio (Saturno). A la unión temporal de empresas, las constructoras FFC y Necso responsables de la realización de la obra y de los estudios de viabilidad, el Gobierno regional les abonó otros 12.733.000 euros. La Administración autonómica reclmana judicialmente 11,7 millones de euros por unos estudios de viabilidad que nunca aparecieron. En los sondeos más recientes realizados para saber si se puede hacer la obra se emplearon 1,9 y 1,6 millones de euros. En notario, 7,8 millones de euros más otro millón de euros final.

El cambio del PSC

El portavoz de CC, José Miguel Barragán, se mostró extrañado del cambio de posición del PSC. El diputado recordó que, en los cuatro años de la pasada legislatura, la oposición sólo hizo cuatro preguntas y ocho peticiones de documentación. En la actual ya han instado dos comparecencias. Una actuación que, para Barragán, deja entrever un extraño cambio de posición de un grupo, que aprobó las resoluciones parlamentarias en las que se pide al Ejecutivo que recupere el dinero. La portavoz del PP,, Agueda Montelongo, reclamó unidad para sacar el proyecto.

La búsqueda de responsabilidades políticas

Reconocimiento. El solicitante de la comparecencia, el diputado del PSC, Domingo Fuentes, afirmò estar seguro de saber dónde pudieron ir los 11,7 millones de euros que pagó el Ejecutivo por unos estudios de viabiliadd inexistentes, en base al contenido de la sentencia. De ahí que pidiera a Domingo Berriel que reconociera el destino de los fondos públicos al tiempo que le reclamó que no tarden 13 años más en desbloquear este expediente.

Cortinas de humo. Fuentes aseguró que las demandas judiciales interpuestas por la Comunidad Autónoma son «cortinas de humo» para tapar y dejar de asumir las responsabilidades políticas exigibles por ser el caso «más grave» en el uso de fondos públicos.

Desolación. Para el portavoz de la oposición, el panorama no puede ser «más desolador» porque este singular proyecto no avanza, el artista y el ingeniero, responsables de su desarollo, están muertos, al Ejecutivo «le llueven» las sentencias «en contra» mientras que la gestión es «ineficaz». Fuentes recalcó la necesidad de saber el alcance de la sentencia.

Berriel: «Las sentencias no serán un obstáculo»

En la comparecencia solicitada por el PSC para conocer el alcance de la sentencia, del pasado 15 de febrero, del juzgado de Primera Instancia número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, que desestimóla demanda civil interpuesta por el Gobierno de Canarias en 2000 para declarar extinguido el contrato suscrito entre la entidad Proyecto Monumental Tindaya (PMMT) y las constructoras; Domingo Berriel hizo hincapié en que la sentencia «no supondrá un obstáculo» para la ejecución de la obra ya que el «monumento a la tolerancia seguirá adelante». El consejero aseguró que la decisión de recurrir el fallo judicial constituye el modo «lógico» de procurar el resarcimiento de la cantidad desembolsada sin contrapartida alguna. Insistió en que esta decisión se adopta «en cumplimiento de los reiterados mandatos» de los grupos parlamentarios, «a lo largo de las sucesivas legislaturas», desde la contratación del proyecto. Hasta que los tribunales no se pronuncien determinando la firmeza de la sentencia, Berriel seguirá con la hoja de ruta marcada, tal y como se expresó.