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El Gobierno acusa al PP de ser un "vocero empresarial"

Jueves, 1 de enero 1970

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La moratoria turística sigue enfrentando al Gobierno autonómico con el Partido Popular (PP). El consejero Domingo Berriel acusó a los conservadores de ser «voceros de un grupo empresarial» al defender estos la necesidad de eliminar definitivamente la prohibición de construir hoteles nuevos de cuatro estrellas.

El Gobierno autonómico sigue sin conseguir apaciguar los ánimos del PP con la modificación de la Ley de Renovación y Modernización Turística.

El motivo es que la Consejería de Política Territorial ha propuesto mantener los apartados a y c del artículo 4 de dicha ley que suspenden el otorgamiento de licencias a los hoteles de cuatro estrellas que se pretendan construir nuevos, desvinculados de un proceso de renovación turística. El Gobierno sí se ha abierto a permitir inmuebles condicionados a unos estándares de calidad que se asemejan a las categorías de lujo.

La portavoz del grupo Popular, Australia Navarro, enmarcó el cambio legislativo a un mero «interés electoral» porque en realidad, «no resuelve los problemas que han generado en estos años».

Navarro emplazó al consejero a «levantar la prohibición y elabore el desarrollo reglamentario» puesto que en él se contemplan las condiciones de los nuevos hoteles.

Sin embargo, Domingo Berriel no dio señales de atender las demandas del PP. Es más, les acusó de ser «promotores y voceros de un grupo empresarial» que denosta la moratoria.

El consejero incidió además en que «el Partido Popular lo que quiere es un modelo de liberalización absoluta de suelo y ése no es el modelo de este Gobierno».

La portavoz del PP sostuvo que la reforma legislativa es una forma de «salir al paso» de la presión ejercida desde Gran Canaria.

Australia Navarro criticó que la propuesta que hace el Gobierno plantea a los inversores un «camino tortuoso» para obtener licencia, sometidos a un «criterio arbitrario del Gobierno, ya que la autorización depende de la interpretación caprichosa del Ejecutivo». Esto a su juicio, «genera una inseguridad jurídica», por eso reiteró la eliminación del artículo polémico.

En este momento, el cambio de la ley se encuentra a la espera de los dictámenes de los consejos Consultivo y Económico y Social.

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