El fiscal sube a ocho años la petición de cárcel para Ramírez

Mientras para la defensa de Ramírez y la de Rafael Perdomo Reyes (el propietario de Villa Dolores), los hechos están muy claros: no hubo falsedad en el contrato, sino un cambio para poder acogerse el Consistorio a una subvención del Inem, lo que obligó a introducir una cláusula adicional que permitía la cesión de la finca por 25 años al Ayuntamiento, aumentando el pago de la renta de 150.000 pesetas mensuales a 500.000; sin embargo, para la Fiscalía y para la acusación particular (en nombre del Ayuntamiento), el contrato inicial fue alterado sustancialmente, hubo falsedad y además se añade la acusación de prevaricación. Para ello se volvió a aportar como prueba una calificación territorial firmada por el alcalde, por esas mismas fechas, a favor de Perdomo en la que una de sus fincas de Tabayesto era declarada «poblacional», mientras que un mismo certificado de la Oficina Técnica calificaba la misma parcela de «rural». El alcalde de Haría, José Torres, declaró como testigo que cuando llegó a la Alcaldía, el expediente de Villa Dolores estaba incompleto y denunció que en la época de Ramírez había en el Ayuntamiento doble registro de licencias urbanísticas. La acusación vinculó a la mujer de Ramírez con Perdomo, a través de una sociedad de la que ambos poseen el 50% del capital a la que Ramírez dio licencias.