El fiscal acusa de prevaricar al ex edil del PP Carlos Sánchez

06/10/2008

La Fiscalía del TSJC propone una pena de prisión de 15 meses e inhabilitación para empleo o cargo público durante ocho años para el consejero del PP en el Cabildo, Carlos Sánchez, como presunto autor de un delito de prevaricación urbanística cuando era concejal de Santa Brígida.

El Juzgado de lo Penal número 1 de Las Palmas de Gran Canaria ha fijado para los días 28 y 29 de este mes el comienzo de las sesiones del juicio oral del denominado caso Teyma, en el que la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) solicita una pena de 15 meses de prisión y ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público para Carlos Sánchez, consejero del PP en el Cabildo, como presunto autor de un delito de prevaricación urbanística cuando era edil de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Brígida.

La denuncia que llega a juicio fue presentada durante el anterior mandato del Ayuntamiento por los entonces ediles de la oposición Antonio Ramírez y Amalia Bosch, ahora en el gobierno municipal por Los Verdes, al detectar que el consistorio había concedido calificación como suelo urbano y licencia de obras a una promoción de dúplex adosados en La Atalaya que invadía suelo rústico.

La Fiscalía acusa a los dos administradores de la promotora, Teyma Canais, y al arquitecto de los dúplex de un delito contra la ordenación del territorio, a Carlos Sánchez y a dos arquitectos municipales de prevaricación urbanística y a uno de esos dos arquitectos de falsificación de certificado. Para los tres primeros pide prisión de 12 a 24 meses, una multa de 24 meses a razón de una cuota diaria de 12 euros e inhabilitación para profesión u oficio durante tres años. Para los arquitectos municipales propone prisión de un año y diez meses e inhabilitación durante nueve años y al acusado de falsedad en certificado le suma otra pena de suspensión de empleo y cargo público por 22 meses.

La acusación particular coincide en que Carlos Sánchez y los dos arquitectos municipales son autores de un delito de prevaricación urbanística y en que los administradores de Teyma y el arquitecto de los dúplex lo son de un delito contra la ordenación del territorio. Para los tres primeros pide año y seis meses de prisión y nueve años de inhabilitación especial y para los otros un año de prisión y 18 meses de inhabilitación especial para profesión u oficio.