'El Día' anima a Canarias a acabar su "descolonización" y ofrece la segunda entrega de la república de Cubillo

16/09/2007

El periódico tinerfeño 'El Día' cumple lo prometido dos días antes a sus lectores y desarrolla en su editorial su análisis de Canarias como un "territorio colonizado" que debe aspirar a la soberanía. Asimismo, el periódico publica la segunda entrega de la propuesta de república federal lanzada por el independentista Antonio Cubillo.

El editorial matiza que esa publicación no supone compartir las tesis de Cubillo, pero en ese editorial se plantea que Canarias debe acogerse al plazo dado por la ONU para la descolonización de varios lugares del planeta, plazo que finaliza en 2010. No falta, como siempre, que Gran Canaria debe perder el Gran en el nuevo Estatuto de Autonomía.

El editorial lleva por título "2010: un mandato internacional que España olvida" y dice así:


"El 8 de diciembre de 2000 la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el periodo comprendido entre 2001 y 2010 como Segundo Decenio Internacional para la Eliminación del Colonialismo. Posteriormente, el 22 de diciembre de 2004, la propia Asamblea instó a los estados miembros a que colaboraran con el Comité Especial de Descolonización, citando en concreto el derecho inalienable de los habitantes de Anguila, las Bermudas, Guam, las Islas Caimán, las Islas Turcas y Caicos, las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Montserrat, Pitcairn, Samoa Americana y Santa Elena a la libre determinación según los planteamientos de la Carta de Naciones Unidas. En aquel momento, hace tan solo tres años, se reafirmó también que no existen alternativas a ese principio de libre determinación y se reiteró el llamamiento a los gobiernos con territorios coloniales para que, en colaboración con las autoridades locales, fomentasen la instrucción cívica con vistas a que la población tomase conciencia de su derecho al reconocimiento de la soberanía. Huelga decir que tal dictamen ha pasado desapercibido en España, con seguridad porque la administración estatal, que se sabe acreedora del mandato de la ONU, suspiró con alivio tras comprobar que las Islas Canarias no figuraban en el listado de territorios susceptibles de recuperar su soberanía. Pero esa sorprendente ausencia en el listado aprobado por la Asamblea General, que en ningún momento de la declaración se considera cerrado ni excluyente, no cabe achacarlo a un olvido, toda vez que en la mayor parte de los foros internacionales, incluidos no pocos países de la Unión Europea, se considera a Canarias un territorio ocupado, el último reducto de un proceso de descolonización que aún no ha finiquitado. El motivo de tan increíble ausencia, de que se haya obviado a uno de los reductos coloniales con mayor población del mundo, no es otro que la insistencia de la diplomacia española para evitar cualquier debate internacional acerca del derecho a la soberanía de un archipiélago que se encuentra a dos mil kilómetros de la metrópoli. Al incuestionable éxito del Ministerio de Asuntos Exteriores en este ámbito se suma el desvío del interés de la opinión pública española hacia conflictos provocados por nacionalismos artificiales y sin sentido como el vasco o el catalán, que se han valido de la violencia dialéctica y física para tornarse en supuestas cabezas de lanza de sendos movimientos soberanistas a todas luces ridículos y que en ningún momento encontrarían acomodo en el derecho internacional. Y, por supuesto, tampoco podemos quitar méritos a los servicios de inteligencia del Estado español, embarcados en una guerra sucia cuyo objetivo ha sido mitigar y erradicar en la medida de lo posible cualquier movimiento nacionalista insular, un empeño que se advirtió con especial ímpetu en la etapa de la transición, cuando uno de los principales quebraderos de cabeza del entonces inquilino del Palacio de La Moncloa, Adolfo Suárez, era la más que probable descolonización de Canarias en lo que se adivinaba como la culminación de un proceso lógico que había sido aplazado por la convulsa situación interna de España, que había desembocado en una cruenta guerra civil y posteriormente en las cuatro décadas de mando de Francisco Franco. Precisamente por ello, la jugada maestra del proceso por el cual se pretendía acabar con cualquier forma de rebelión contra el sometimiento al Estado español fue la inclusión de las islas como un territorio continental más dentro del entramado administrativo español. La conformación del denominado estado de las autonomías permitió calzar a Canarias en una estructura piramidal donde las decisiones importantes, como no podía ser de otra forma, se seguían tomando en los despachos de la capital. Como contrapartida, un estatuto de artificiosa autonomía posibilitaría, según el esquema de las cabezas pensantes de la época, entre ellas los ponentes de la Constitución de 1978, satisfacer las ansias de autogobierno de las Islas. Tamaña aberración, conceder a un archipiélago atlántico situado a dos mil kilómetros de distancia idéntico trato que a Galicia, Cataluña, Valencia o Andalucía, se ha convertido con el paso de los años en el principio del fin, habida cuenta que ha surgido un movimiento que, ahora sí, con el Estado español pacificado tras tres décadas de libertades, se muestra empeñado en que Canarias recobre la soberanía que hace seis siglos le arrebataron los conquistadores y que tan pésimamente se ha gestionado desde entonces.

Las anteriores consideraciones nos permiten apuntar tres ideas que resultan clave en la actual realidad de Canarias, la primera de ellas la imperiosa necesidad de instar desde las Islas a los organismos internacionales más relevantes, entre ellos a la propia ONU, a que desestimen las permanentes presiones de la diplomacia española y reconsideren el caso de Canarias como el de un territorio colonial con el inalienable derecho a recuperar su soberanía, tal fue el sentido de la declaración de la Asamblea General. Al mismo tiempo, tales foros deberán mirar hacia el Gobierno de España como actor principal de uno de los casos más flagrantes de colonización, y citarlo expresamente como se ha hecho, por ejemplo, con los mismísimos Estados Unidos por el caso de las Islas Vírgenes. La situación es tan evidente, tan flagrante, tan anómala dentro del derecho internacional, que Canarias tiene todas las posibilidades de ser considerada oficialmente como lo que es, un archipiélago colonizado, para lo que se contaría incluso con el apoyo de algunos de los más ilustres miembros de la Unión Europea. Los plazos de dicho proceso se encuentran ya estipulados: el año 2010 según el mandato de Naciones Unidas, por lo que resultaría imprescindible hacer todo lo posible para evitar que las autoridades estatales continuasen atrincheradas en su habitual postura de mirar hacia otro lado, de ensombrecer el ineludible proceso descolonizador canario con el protagonismo de otros supuestos conflictos nacionalistas que se suceden en territorios netamente españoles. Aparece entonces la segunda clave a la que nos referíamos anteriormente: la urgente necesidad de que Canarias se dote de representación directa ante los principales organismos internacionales, tanto la ya citada ONU como la Unión Europea, la OTAN, la OCDE o la OSCE. Sólo de esta forma, junto a una ingente labor de concienciación de la opinión pública española, europea y del resto del mundo a través de los medios de comunicación, será posible hacer frente a los permanentes embates de los diplomáticos españoles tratando de acallar todo aquello que suene a Canarias, máxime cuando tales voces piden un trato justo que conlleve la recuperación de la identidad como pueblo. En este apartado resulta imprescindible el empeño de la nueva administración canaria, que aunque controlada en parte por una organización estatalista y procolonial como el PP, cuyo principal desvelo es perpetuar el actual estado de cosas, debería asumir el reto de situar a las Islas como actor principal en los más relevantes organismos internacionales. Es necesario tener en cuenta que, en contra de lo que habitualmente se cree, el retraso del proceso de descolonización del Archipiélago poco tiene que ver con el papel del ejército o de las fuerzas de seguridad estatales, sino que depende casi en exclusiva del papel ejercido por la diplomacia española.

Y aparece entonces la tercera clave: la imprescindible sustitución del estatuto de autonomía, el texto que enmascara y oficializa la sumisión de Canarias al Estado español, por un estatuto especialísimo que contemple el reconocimiento de la soberanía del Archipiélago y que, al mismo tiempo, porque ese es el firme deseo de los canarios, establezca unos sólidos lazos sentimentales, culturales y económicos con una madre patria que, gestión estatal aparte, merece el respeto de la mayoría de los habitantes de las Islas. Y ello, como la ONU ha determinado, antes de 2010. Luego llegará el momento de decidir qué fórmula de organización se aplica, si la autonomía absoluta, una fórmula similar a la de la Commonwealth británica, la asociación libre o la confederación. Jamás desde estas páginas nos hemos precipitado a proponer un modelo cerrado, y mucho menos un texto constitucional, una iniciativa personal y totalmente respetable del líder independentista Antonio Cubillo con la que, por ignorancia o mala fe, se nos ha querido vincular, y de la que erróneamente se ha llegado a decir desde la prensa de Las Palmas, tan sumisa al orden estatal español, que nos hemos desmarcado, cuando la realidad es que jamás la hemos hecho nuestra porque creemos firmemente en el imperio de la ley, en el orden y en la democracia como únicos caminos para alcanzar la ansiada y justa soberanía. Precisamente por ello, porque nada más lejos de nuestra intención que trastocar la legalidad vigente, entendemos que la actual reforma del Estatuto de Autonomía puede convertirse en un paso intermedio hacia el logro del ansiado texto donde se reconozca la soberanía, pero jamás con las mentiras que se incluyen en él, con los tres monumentales embustes promovidos por la clase política de Las Palmas, delegada del poder estatalista en el Archipiélago, cuyo fin es mantener la división entre los canarios. Cómo, si no, puede considerarse la oficialización del apócope "gran" para denominar a la isla de Canaria, la tercera en superficie, que se caracteriza por su innegable habilidad para esquilmar el poder tinerfeño y por el mantenimiento durante décadas de una actitud servil hacia Madrid, prácticas a las que ha sumado un febril empeño por desdibujar la identidad de Canarias. Y llega el momento de aclarar, porque la demagogia parece sólidamente implantada en la clase política, sobre todo en el caso de personajes desairados como el ex presidente Román Rodríguez, que nada, absolutamente nada, tenemos en contra de los habitantes de Canaria, víctimas como el resto de quienes residen en este Archipiélago de una clase dirigente que mira hacia sí misma o allende el Atlántico, pero jamás hacia sus conciudadanos. Y esta puntualización, aunque contundente, probablemente sea necesario recordarla alguna vez más, igual que la referida a la petición de que se suprima "santa cruz" de la denominación de la capital tinerfeña, una contrapartida a la erradicación del "gran". Se trata, no podía ser de otra forma, de un comentario con ánimo jocoso que alguien ha realizado, y a quien le aclaramos, probablemente para su sorpresa, que nos parece estupendo, porque será el propio devenir histórico el que suprima "santa cruz". Ocurrirá cuando se institucionalice la unión entre Santa Cruz y La Laguna y el municipio resultante, el de mayor población de Canarias, se denomine, simplemente, Tenerife. Tiempo al tiempo.

Se suma a la anterior una segunda mentira, la enumeración de las Islas siguiendo el orden alfabético en lugar de la superficie, contraviniendo con ello la norma habitual y despreciando a Tenerife con el objeto de evitar una humillante comparación para la denominada "gran". Y, por último, la adulteración del escudo histórico de Canarias, donde por razones geográficas y orográficas obvias la representación tinerfeña siempre se distinguió del resto. Ahora, incomprensiblemente, se iguala. Y es que la política es una cosa muy seria, o debe serlo, y no sólo porque de ella dependa el progreso y el bienestar de la sociedad, sino también porque quienes la desempeñan en las altas esferas, tal es el caso de los diputados autonómicos, cobran, y muchísimo, por tal actividad. Por eso resulta del todo inadmisible que empleen el texto estatutario como si de un juguete se tratase, como si no tuviesen nada mejor que hacer que divertirse a costa de los demás, como si les fuera la vida en tratar de engañar a los ciudadanos a los que representan, pagándoles su confianza con una reforma que deja bien a las claras que en Tenerife, en Canarias, al contrario de lo que era costumbre en Roma, sí se paga a traidores".