El Consistorio se saltó la ley al no cobrar 530.000 euros a una UTE

El Ayuntamiento de Santa Brígida perdonó a la adjudicataria de las obras del aparcamiento subterráneo el pago de 553.227 euros en tasas e impuestos que no se pueden condonar. Así lo afirma el informe de fiscalización aprobado por el pleno de la Audiencia de Cuentas de Canarias.

Jesús Quesada
JESÚS QUESADA

Las arcas municipales de Santa Brígida dejaron de ingresar en 2003 más de 550.000 euros de obligado pago gracias a la generosa pero ilegal decisión de la Corporación de no cobrar a la adjudicataria del aparcamiento subterráneo y centro comercial del casco urbano la tasa por licencia de obras y el impuesto sobre construcciones. El informe de fiscalización de diversas áreas (2000-2005) que acaba de aprobar el pleno de la Audiencia de Cuentas de Canarias no deja lugar a dudas. «La empresa debió hacer frente al pago de la deuda tributaria, que debió ser liquidada por la Corporación, sin que sea posible su condonación mediante un acuerdo plenario de aprobación del pliego de cláusulas», dice textualmente el documento remitido al Tribunal de Cuentas y elevado al Parlamento de Canarias y al pleno del Ayuntamiento. La Fiscalía Anticorrupción considera que esa decisión pudo constituir un delito de prevaricación y/o fraude, por lo que en diciembre de 2005 ordenó interponer una querella que será instruida por el Juzgado de Primera Instancia número 4 de la capital. La decisión de no cobrar más de 550.000 euros a la UTE del aparcamiento no es la única irregularidad, aunque sí la más cara, subrayada por la Audiencia sobre la gestión económica del Consistorio en el primer lustro de este siglo, en el que el alcalde era Carmelo Vega, entonces líder local del PP. El informe certifica hasta 10 anomalías, entre ellas la contratación con empresas administradas por Vega y por el edil Luis Troya, ahora primer teniente de alcalde (electo por CC y que ha pedido ingresar en el PP). Esos contratos serían «nulos de pleno derecho» por vulnerar la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, por lo que se podría pedir la devolución de todos los pagos. En el caso del ex alcalde los contratos se refieren a actos protocolarios celebrados en el restaurante Monte Verde, una empresa de la que el ahora concejal sin delegaciones era administrador único, y en el de Luis Troya a la compra de materiales en la ferretería que el concejal de Urbanismo ha alquilado. Al primero, las arcas locales le pagaron 12.853 y 16.619 euros en 2003 y 2004. Al segundo le compraron materiales por 46.603 y 98.420 euros en 2004 y 2005. El informe de la Audiencia destaca que la contratación de compras con la ferretería arrendada por Luis Troya «se realizó sin expediente» y que «al mismo tiempo, la conformidad con la prestación recibida fue realizada por el propio concejal representante de la empresa arrendataria». Además, recuerda que el instructor del expediente abierto por el Consistorio, tras una denuncia de la edil de CC Victoria Casas sobre una posible relación comerc ial de Troya y la empresa arrendataria, «propuso el archivo del expediente por considerar que la empresa arrendataria no había girado facturas a la Corporación». El instructor fue el edil del PP, Lucas Bravo de Laguna.