El Cabildo de Gran Canaria no se quedará quieto tras el rechazo del Parlamento

Almudena Sánchez
ALMUDENA SÁNCHEZ

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, advirtió este miércoles que «no me quedaré con los brazos cruzados» después de asistir en persona al rechazo de la mayoría parlamentaria a la proposición de ley que plantea la modificación de la Ley de Modernización y Renovación Turística.

Treinta y cinco diputados nacionalistas y socialistas bloquearon la toma en consideración de la iniciativa del cabildo, que quedó respaldada por 22 diputados del Partido Popular (PP) y grupo Mixto .

Bravo de Laguna eludió concretar qué «consecuencias» traerá esta «oportunidad perdida por el Parlamento» para resolver el problema derivado del recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno de España contra la citada ley. «Con independencia de las vicisitudes de ese recurso, el Tribunal Constitucional puede declarar inconstitucional la ley. ¿Qué pasa entonces con lo construido o impedido?» se preguntó. En definitiva, «nos hemos metido en un lío importante».

Precisamente, el recurso de inconstitucionalidad, auspiciado por el ministro José Manuel Soria, fue el arma más utilizada por los grupos que apoyan al Gobierno autonómico para rechazar definitivamente la propuesta del cabildo de levantar la moratoria a los hoteles de cuatro estrellas de nueva construcción.

En cuanto a la mediación planteada el día anterior por el consejero autonómico Domingo Berriel, el presidente de la corporación insular declaró que «es contradictorio cuando al mismo tiempo rechaza la iniciativa del cabildo».

Por su parte, el portavoz de Nueva Canarias (NC), Carmelo Ramírez, remarcó la «torpeza política» al rechazar la propuesta, porque «crea elementos de fricción e incoherencia -el diputado Emilio Mayoral fue el responsable de ordenación territorial del cabildo- y va a retrasar proyectos de inversión de envergadura».

A juicio de Carmelo Ramírez, a partir de ahora se ha sentado un precedente «gravísimo» en relación a las competencias de los cabildos insulares sobre las que ha habido un «ataque frontal».

El debate de toma en consideración devino en una discusión sobre el fondo del asunto. Para ello, los grupos parlamentarios que refrendaron la iniciativa del cabildo hicieron referencia a la «imposición» con la que se aprobó la ley. Román Rodríguez denunció incluso un «debate que el Gobierno de Canarias hurtó a los grupos parlamentarios» para evitar dar salida a las reclamaciones que se hacían desde Gran Canaria.

Asimismo, tanto Rodríguez como el diputado del PP Miguel Jorge Blanco desmontaron las «mentiras» empleadas por sus contrincantes para desestimar la modificación legislativa.

En el otro lado, Maria del Mar Julios, la diputada nacionalista que rompió la disciplina de voto de su grupo al rechazar el artículo de la ley que hoy está recurrido por el Gobierno central, aseguró que la iniciativa del cabildo son «cantos de sirena» del PP que, recordó, «lo que quiere es que no haya moratoria de ninguna clase», a pesar de que la ley turística ya no plantea ninguna paralización de las licencias.

Por su lado, el diputado socialista, Emilio Mayoral, denunció que desde Gran Canaria «no se le ha dado ni una oportunidad a la ley», pero centró sus críticas en Román Rodríguez, a quien acusó de haberse alineado con las tesis «más liberales del PP» y de intentar compatibilizarlas con su «lado más ecologista».