El Ayuntamiento, condenado a ceder el solar de la mezquita

19/06/2008
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El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 ha obligado al Ayuntamiento a ceder a la comunidad islámica un solar en La Minilla para que construyan allí su mezquita. La permuta por su propiedad en la calle Viriato es fruto de un preacuerdo alcanzado en 2001 pero que el Ayuntamiento nunca materializó.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tendrá que materializar el acuerdo alcanzado el 26 de abril de 2001 con la Liga de la Comunidad Islámica en virtud del cual la ciudad cedía un solar en La Minilla a cambio de la propiedad que la entidad religiosa tiene en la calle Viriato. La materialización del acuerdo, al que obliga una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3, contra la que cabe interponer recurso de apelación, permitirá a la comunidad islámica la realización de una vieja aspiración, la de tener una mezquita en las mejores condiciones en la capital grancanaria.

inactividad. La sentencia reconoce la inactividad del Ayuntamiento, que en siete años nunca materializó el acuerdo alcanzado con la comunidad islámica para ejecutar la permuta acordada en abril de 2001.


El Consistorio trató de justificar esta actividad, explica la juez Olimpia del Rosario Valenzuela, «en la modificación de la calificación de la parcela, producida por el PGOU -siglas del Plan General de Ordenación Urbana-, aprobado por la COTMAC -siglas de Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, dependiente del Gobierno autonómico- en fecha de 9 de marzo de 2005, pues de tener un destino dotacional religioso ahora está destinada a uso Espacio Libre».


La magistrada entiende que este cambio no puede ser un impedimento a la hora de reconocer la inactividad ya que lo que se debería haber hecho era cambiar el acuerdo. «Ante la existencia de un acto firme, reconocedor de derechos a la entidad recurrente», recoge la sentencia, «y ante la modificación producida, la Administración debió proceder a la revisión del acuerdo, en aplicación de los dispuesto en los artículos 102.1 y 62.1 de la Ley 30/92, sin que conste que así hubiera actuado, por lo que procede la estimación del recurso».