El alquiler turístico quiere salir del "limbo jurídico" en Canarias

18/11/2013

Los propietarios de viviendas destinadas al alquiler vacacional quieren salir del «limbo jurídico» en el que, aseguran, se encuentran. Casi 3.000 personas reclaman a través de una plataforma en Internet que se ampare una actividad «con una oferta alegal de más de 50.000 apartamentos en las Islas». El Ejecutivo regional afirma que el sector «está perfectamente regulado».

Un total de 1.159.037 turistas recurrieron a una vivienda de alquiler para alojarse en Canarias en 2012, un 8% más que en 2011. Una cifra nada desdeñable porque supone que uno de cada diez visitantes de los 11.6 millones recibidos ese año recurrieron a esta modalidad.

Crece por tanto el fenómeno del alquiler de viviendas para uso vacacional pese a la oposición de los hoteleros, que reclaman a las autoridades que luchen con menos miramientos contra una actividad que tachan de «ilegal».
Pero los propietarios de estas viviendas dedicadas al alquiler turístico rechazan que se etiquete como fuera de la ley una oferta que suma alrededor de «unos 50.000 apartamentos en las Islas».

Reconocen, eso sí, que se encuentran en un «limbo jurídico» que les pone a los pies de los caballos de los inspectores de turismo de la comunidad canaria.
Los alquileres vacacionales se regían por la  Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), pero la modificación aprobada en junio de este año determinó que el alojamiento privado de uso turístico pasa a regirse por la normativa turística de cada comunidad autónoma. En caso de que la comunidad carezca de una regulación específica para el alquiler vacacional, dice la ley, se le aplicará el régimen de arrendamientos de temporada que no ha sufrido modificación, con lo que esta modalidad seguiría amparada por la LAU.

Pero la postura del Gobierno regional es clara: «Canarias sí cuenta con una regulación, la ley turística de 1995, que define las modalidades de alojamiento, y en ella no tiene cabida el alquiler turístico».
No están de acuerdo sus defensores.  Una «afectada» por este «vacío» legal, Doris Borrego, ha creado  una plataforma en la web de peticiones Change.org en la que reclama una regulación específica para Canarias, al estilo de la catalana. La petición cuenta ya con casi 3.000 apoyos. Quiere llegar a los 15.000 para presentarla al Parlamento canario.

El viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias, Ricardo Fernández, rechaza de plano el principal argumento de los defensores del alquiler vacacional de viviendas. En contra de lo que afirman, insiste en que la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias «regula perfectamente la actividad de la oferta alojativa desde ese año por lo que nadie puede hablar de vacío jurídico».

Y argumenta su postura: «La modificación de la Ley de Arrendamientos  Urbana  dice que la regulación de los alquileres de viviendas de menos de seis meses quedan dentro del ámbito de la comunidad autónoma, lo que refuerza lo que dice la ley turística de Canarias desde 1995».
Y es que la legislación de la comunidad, recuerda Fernández, concreta precisamente «que el alquiler de una vivienda por debajo de los seis meses se encuadra dentro del uso vacacional y en este caso, debe respetarse el principio de unidad de explotación».

«Si un propietario pudiera alquilar a un turista su apartamento de forma individual, por debajo de estos seis meses,  sería caótico para el destino, perdería calidad. Esta opción no está contemplada en este destino y es ilegal», insiste Fernández.

El ejemplo catalán. Los propietarios privados que dedican sus inmuebles al alquiler vacacional en las Islas ponen como ejemplo a seguir a Cataluña, que ya ha regulado la materia mediante el Decreto 159/2012, de establecimientos de alojamiento turístico y de viviendas de uso turístico, tal y como recuerda el abogado Javier Valentín: «Una potencia turística de primer nivel como Canarias no se puede permitir no contar con una regulación específica en una materia tan importante».