El alcalde de Mogán y otras cuatro personas, detenidos por corrupción urbanística

El alcalde del municipio turístico de Mogán (Gran Canaria), José Francisco González González (PP), y otras cuatro personas vinculadas al ayuntamiento fueron detenidos hoy por la policía acusados de supuestos delitos relacionados con un nuevo caso de corrupción urbanística en Canarias.

EFE/EQUIPO DE INVESTIGACIÓN

Los otros cuatro detenidos son la primera teniente de alcalde del consistorio, Onalia Bueno García, también del Partido Popular; el secretario del Ayuntamiento, Ángel Sutil Nesta; el funcionario jubilado Marcelino Martín Artiles, que fue jefe de la oficina de Urbanismo de Mogán, y Manuel de León Toledo, colaborador de la primera teniente de alcalde. Los detenidos están acusados de la supuesta comisión de delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, actividades y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y tráfico de influencias, cometidos parte de ellos en la firma de un convenio del Ayuntamiento de Mogán con la empresa promotora Anfi-Tauro. Las presuntas irregularidades urbanísticas en la firma del convenio fueron denunciadas en junio en la Fiscalía Anticorrupción por dos concejalas que sostenían que el convenio firmado con Anfi-Tauro establecía compensar al consistorio con tres parcelas que no han revertido al patrimonio público. Las dos ediles denunciantes son Carmen Delia Melián e Isabel Santiago, ahora en Nueva Canarias (NC), pero que antes pertenecían al PP y formaban parte del grupo de gobierno, el cual abandonaron, al igual que el partido, por ser contrarias a la política urbanística que llevaba el alcalde ahora detenido. Durante varios meses, la policía ha investigado el asunto que ha concluido hoy con las cinco detenciones en la llamada "operación Góndola", ya que a la zona del puerto de Mogán, localidad turística de unos 15.000 habitantes, se la conoce como la "Venecia de Canarias". Tanto el alcalde de Mogán, José Francisco González González, como la teniente de alcalde, Onalia Bueno García, fueron detenidos a primeras horas de la mañana en su domicilios, al igual que casi todos los implicados. Según informaron fuentes cercanas al caso, la investigación de la denuncia de Nueva Canarias ante la Fiscalía Anticorrupción del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha derivado en otras posibles irregularidades que también se estudian. El juez encargado del caso, el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de San Bartolomé de Tirajana, al sur de Gran Canaria, tiene previsto tomar declaración a los detenidos el jueves y el viernes, y después decidirá sobre su situación procesal. De momento, el alcalde y los otros implicados se encontrarán detenidos en dependencias policiales de la isla. Este nuevo caso de supuesta corrupción urbanística que se produce en Canarias se suma al "caso Faycán" de Telde (Gran Canaria), en la que hay 26 imputados, entre ellos su alcalde, Francisco Valido, y al "caso de las Teresitas", en el que el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo (CC), y otras once personas están acusadas de cometer delito por las plusvalías de más de 18.000 millones de pesetas obtenidas en la urbanización de la playa de Las Teresitas.

La Policía investiga el convenio de Tauro

Un juzgado de San Bartolomé de Tirajana y la Fiscalía Anticorrupción tienen avanzada una investigación sobre el convenio urbanístico firmado por el Ayuntamiento de Mogán con una empresa promotora en Anfi Tauro, en el que podría existir delitos de prevaricación y cohecho en relación a tres parcelas que no han revertido al patrimonio público.

La denuncia fue presentada directamente ante la fiscalía Anticorrupción por la concejal Carmen Delia Melián González, responsable del área de Hacienda del Ayuntamiento de Mogán hasta abandonar el PP por discrepancias con el alcalde y concejal de Urbanismo, Francisco González, e incorporarse a Nueva Canarias. La investigación, que se encuentra totalmente ultimada, podría desembocar en las próximas horas en la detención de políticos y empresarios relacionados con el asunto.

La denuncia recoge que el convenio urbanístico ahora investigado por la fiscalía se firmó en 2001 por la anterior corporación. Según este convenio, las actuaciones urbanísticas en Tauro supondrían, entre otras compensaciones al municipio, dos parcelas de uso dotacional y una parcela, la más importante (de dos mil metros cuadrados), de uso comercial. Fue una auditoria patrimonial, encargada por la entonces concejal de Hacienda, la que puso de manifiesto que las parcelas que correspondían al Ayuntamiento estaban ocupadas por la actual carretera que discurre paralelamente al campo de golf de AnfiTauro.

Al detectarse lo que se supuso fue una anomalía típica del abandono del seguimiento de los acuerdos urbanísticos, la concejal propuso al alcalde un nuevo convenio, que sería firmado finalmente por Francisco González con los promotores de la urbanización, pero, que según la denunciante, no recoge la parcela de dos mil metros cuadrados de uso comercial, mientras que las dos parcelas de uso dotacional se encuentran ubicadas en pleno campo de golf.

La denuncia presentada por la presidenta de Nueva Canarias en Mogán dio origen a una amplia investigación policial y judicial, que podría llevar a a la detención por presuntos delitos de cohecho de políticos y empresarios presuntamente implicadas en los convenios objeto de la investigación.

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