EEUU pide a Rabat más "atención" contra las violaciones de derechos humanos en el Sáhara

El embajador de Estados Unidos en Marruecos, Thomas Riley, pidió hoy a las autoridades de este país "mayor atención" en la aplicación de la ley contra las violaciones de los derechos humanos en su territorio y en el del Sahara Occidental. En una declaración hecha pública a propósito de las referencias a Marruecos en el último informe del Departamento de Estado estadounidense sobre la situación del respeto de los derechos humanos, el embajador afirmó que la aplicación de la ley en ese ámbito será "una muestra del compromiso continuado" de Rabat. El diplomático estadounidense aseguró que su país "constata" el "progreso y la voluntad de promover el cambio democrático y el respeto de los derechos humanos, pero Marruecos aún se enfrenta a desafíos en su compromiso en la vía de la reforma". En el informe oficial se recuerda que varias organizaciones internacionales de derechos humanos han asegurado que miembros de las fuerzas de seguridad de este país cometieron abusos con personas detenidas en 2007, aunque la ley marroquí prohíbe la tortura y el Gobierno negó que hubiera casos. El Departamento de Estado también asegura que en las prisiones marroquíes las condiciones "no cumplían en general los estándares internacionales" en 2007 y citó el exceso de población en las cárceles, la malnutrición y la falta de higiene como elementos que "agravan las malas condiciones sanitarias" en los centros penitenciarios. "La ley no prohíbe las detenciones o arrestos arbitrarios y la policía ejerció ambas prácticas", agrega el informe, donde también se añade que "en ocasiones" la policía detiene a sospechosos sin las correspondientes órdenes judiciales. Además, se afirma que durante las 96 primeras horas de detención las autoridades marroquíes impidieron en algunos casos que los detenidos se comunicaran con sus familias o abogados, período durante el cual "lo más probable es que se produjeran abusos o torturas". El informe estadounidense también afirma, en cuanto a la situación de la Justicia en Marruecos, que aunque en la Constitución se proclama su independencia, "en la práctica los tribunales no siempre fueron independientes". Se agrega que la independencia de la Justicia marroquí queda especialmente comprometida por la "influencia" que sobre ella se hace en "casos sensibles", entre los que cita la monarquía, el Sahara Occidental y la religión. Respecto al territorio del Sahara, anexionado por Marruecos desde 1975, el informe advierte de la "sensación de impunidad" que causa el hecho de que ningún funcionario fuera suspendido del servicio o sometido a medidas disciplinarias en relación con el "uso excesivo de la fuerza" contra manifestantes proindependentistas. Concretamente se indica que "numerosas víctimas de abusos" incluso dieron los nombres de policías -o de sus mandos- que utilizaron la fuerza, y que golpearon a manifestantes proindependentistas, pero que ninguno de ellos recibió sanción por ello. Finalmente, el informe se refiere a la libertad de prensa y dice que, cuando algunos medios de comunicación intentaron sobrepasar los límites legales que impiden la crítica al Islam, la monarquía y la integridad territorial en los medios de comunicación, fueron condenados con rapidez. El informe recuerda que en agosto de 2007 la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) informó de que al menos 34 medios de comunicación sufrieron la censura y unos 20 periodistas han sido procesados en aplicación de las leyes de prensa, el código penal o las leyes antiterroristas desde que comenzó el reinado de Mohamed VI en 1999.