Duro expediente a Martín

16/02/2006

El CGPJ ha abierto expediente al presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, como supuesto autor de tres faltas muy graves: presionar a otros jueces, asesorar a particulares y no abstenerse en un pleito cuando debía hacerlo.

La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó ayer por unanimidad incoar expediente disciplinario al magistrado José Antonio Martín, presidente de la Audiencia Provincial -actualmente suspendido en sus funciones- como supuesto autor de tres faltas contempladas por la Ley Orgánica del Poder Judicial como «muy graves».

La Comisión Disciplinaria  considera que, de las diligencias informativas practicadas en Las Palmas entre el miércoles 25 y el viernes 27 de enero por la comisión disciplinaria dirigida por el inspector jefe del CGPJ José María Gil Sáenz, se desprenden indicios racionales de la comisión por parte de Martín y Martín de tres faltas consideradas como «muy graves» por la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El órgano del CGPJ entiende, en concreto, que en el llamado caso Bornia (ver recuadro a la derecha) José Antonio Martín pudo entrometerse «mediante órdenes o presiones de cualquier clase» en el ejercicio de la potestad jurisdiccional de sus compañeros de Sala (artículo 417.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, Lencri); que asesoró indebidamente a particulares,  en contra de lo que dispone  el apartado sexto del mismo artículo de la Lencri, y que no se abstuvo, a sabiendas de que debía hacerlo por sus intereses en la causa, en la revisión de la orden que dispuso el ingreso en prisión del supuesto narcotraficante (artículo 417.8 de la Lencri).

El órgano disciplinario del gobierno de los jueces acordó designar como instructor del expediente al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, César Tolosa Tribiño. Tolosa Triviño no pertenece a ninguna asociación judicial, confirmaron fuentes jurídicas.

De acuerdo con el artículo 415. 2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el procedimiento penal actualmente abierto por los mismos hechos en la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en estos momentos en fase de diligencias previas, impide al instructor del expediente dictar cualquier tipo de resolución «hasta tanto no haya recaído sentencia o auto de sobreseimiento firmes en la causa penal», esto es;  el instructor podrá ir adelantando trabajo (toma de declaraciones, petición de pruebas, etcétera) pero no dictar ninguna resolución hasta que el TSJC no resuelva el caso, ya sea mediante archivo, sentencia absolutoria o condena.

Además, en el supuesto de que el caso finalice en una sentencia condenatoria y esta adquiera firmeza (es  decir, que sea confirmada por el Supremo) los hechos probados en el fallo vincularían el sentido de la resolución disciplinaria.
Según dispone la Lencri, las faltas muy graves sólo pueden sancionarse con suspensión,  traslado forzoso o separación de la carrera judicial.

Separación cautelar

La comisión disciplinaria comenzó su reunión a las 17.30 (hora peninsular) de la tarde de ayer, y dio a conocer su decisión a los medios informativos a las 19.20 horas (18.20 hora canaria).

José Antonio Martín es presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas desde marzo de 2003. Está separado cautelarmente del cargo desde el pasado 19 de enero por orden del Consejo General del Poder Judicial, y lo estará hasta que finalice el proceso abierto por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, actualmente en fase de práctica de diligencias previas. De momento, no hay una imputación formal contra el magistrado.

Martín nació en La Palma hace 65 años, y está vinculado a la Asociación Profesional de la Magistratura. Es la primera vez en la historia en la que se expedienta a un magistrado de su categoría en Canarias.

Cómo se ha llegado a la situación actual

José Antonio Martín fue suspendido como presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas y como magistrado el 22 de enero por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, dos días después de que la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias abriera una investigación penal para determinar su relación con la familia Bornia.

¿Cómo se ha llegado a esta situación? La relación de hecho es la siguiente: en marzo de 2005, el empresario Alberto Santana denunció ante la policía y ante el fiscal la llamada trama eólica. El caso llegó a manos del magistrado Miguel Ángel Parramón, que entre otras diligencias ordenó vigilar al ex jefe de Santana Wilebaldo Luis Yanes -hoy en libertad provisional sin fianza- y pincharle los teléfonos.

 La policía comenzó a seguir a Luis Yanes, y a principios del verano de 2005 constató que se reunía para cenar en un restaurante de Tafira con tres personas. Una de ellas era Julio Bornia, hermano del supuesto narcotraficante Rafael Bornia, y el otro era José Antonio Martín. Rafael Bornia se encontraba entonces en prisión, a la espera de ser juzgado como supuesto autor de delitos contra la salud pública, y la causa estaba registrada en la Sección Primera de la Audiencia, presidida por José Antonio Martín.

 Supuestamente, la cena se celebraba pocos días antes de que esta sala revisara en vista oral el recurso de la defensa de Bornia contra su ingreso en prisión.

Si bien la policía tomó con gran cautela la presencia de Martín en aquella cena, pocos días después, en otro seguimiento a Yanes, confirmó que éste y Julio Bornia eran recibidos por José Antonio Martín en su casa.

 Supuestamente, en los días que siguieron a estas citas la policía grabo al menos tres conversaciones telefónicas entre Wilebaldo Luis Yanes y José Antonio Martín, en las que este último, al parecer, daba instrucciones sobre qué tenía que alegar el abogado de Bornia en la vista oral para que se le concediera la libertad provisional. En la vista, José Antonio Martín propuso al fiscal que cambiase su petición de cárcel por una fianza y animó a sus compañeros a a tomar esta decisión, pero sin éxito.

Los datos

Instructor ‘de lujo’ . La Comisión disciplinaria del CGPJ designó como instructor del expediente a César Tolosa Tribiño, actual presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.  La Ley establece que estos expedientes deben recaer en manos de un juez del mismo rango o superior. La elección de todo un presidente de Tribunal Superior como instructor del expediente da muestras de la gravedad y el interés del CGPJ por llegar al fondo del asunto.

Por unanimidad. La decisión de abrir expediente disciplinario a José Antonio Martín y Martín fue adoptada por unanimidad en la Comisión Disciplinaria, tras menos de dos horas y media de deliberación. Formaron la comisión de ayer los vocales del CGPJ Agustín Azparren, Enrique Márquez, Ángeles García, Carlos Ríos y Javier Martínez Lázaro que participó  en sustitución de Montserrat Comas.