Diputados como los vigilantes de la transparencia
El Partido Popular (PP) propone que sean los diputados quienes se encarguen de vigilar el cumplimiento de la ley de transparencia. Plantean la necesidad de crear una nueva comisión parlamentaria, presidida por el grupo que ejerza la oposición y haga un informe anual sobre la aplicación de la ley cuando ésta entre en vigor.
Ni Diputado del Común -ya desechado por el Gobierno que lo propuso-, ni un órgano independiente. El Partido Popular de Canarias plantea un vigilante de la transparencia completamente innovador: los propios diputados.
En línea con la afirmación de que las tareas del Diputado del Común pueden ser asumidas por los parlamentarios, el grupo Popular ha pensado en crear una comisión no legislativa, permanente, con unas funciones y una mecánica singular. Su misión sería «fomentar, analizar, controlar y proteger la transparencia pública y el derecho de acceso a la información pública». La presidencia la ostentaría «preferentemente» un diputado perteneciente a la oposición, y se realizaría un informe anual cuyo carácter vinculante no detalla el PP, al recogerse en el proyecto de ley un régimen sancionador.
La portavoz del grupo, Australia Navarro, y el diputado ponente de la ley, Emilio Moreno, explicaron esta nueva figura que se recoge en varias de las enmiendas presentadas al proyecto de ley.
Moreno aclaró que la comisión sería diferente a la que ejerce actualmente el control de Radiotelevisión Autonómica de Canarias.
Navarro subrayó que, mediante la comisión, se «garantiza que el debate sobre los asuntos públicos sea público y abierto a la ciudadanía», además de «ahorrar costes creando un órgano nuevo».
De este modo, el PP en Canarias va más allá de la ley de transparencia estatal redactada y aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy. No sólo por la naturaleza del vigilante, sino porque además reduce, en la práctica, la cuantía mínima de las ayudas públicas que reciban las empresas privadas.
Al mismo tiempo, el principal partido de la oposición incluye entre sus enmiendas la vinculación «directa» de las corporaciones locales en cuanto a la aplicación de la ley. En la redacción actual, el Gobierno autonómico las ha dejado fuera a la espera de un desarrollo legislativo posterior.
