Dimas, al juez: "Sólo se dañó una cochiquera"

Carlos Sixto De Inza Serrano
CARLOS SIXTO DE INZA SERRANO

Ayer se celebró la primera jornada del juicio por las obras de los baños de los Dolores, en Tinajo. Los imputados, entre los que está Dimas Martín, negaron haber dañado el patrimonio, mientras que los peritos los desmintieron. Hoy se reanuda la vista con el testimonio de una docena de testigos.

Los tres imputados por un supuesto delito de daños contra el patrimonio y prevaricación urbanística declararon ayer en la primera jornada del juicio negando rotundamente las imputaciones de la Fiscalía y la acusación particular (PSOE).

Los tres aseguraron que las obras de los aseos públicos creados en Mancha Blanca (Tinajo) junto a la mítica ermita de Los Dolores, en julio de 2003, fueron por necesidad pública, en una romería que cada año congrega a más de 40.000 fieles en torno a su patrona, en unas condiciones en las que hasta entonces se carecía de aseos públicos, de ahí la urgente demanda social, del párroco de la ermita, del Ayuntamiento y de los propios vecinos.

Los tres señalaron que la obra en absoluto dañó el Bien de Interés Cultural (BIC) declarado apenas un mes antes de hacerse la obra por urgencia. «Que no se dañó la colada volcánica, por que esta ya estaba dañada por una cuadra de cochinos ubicada donde hoy se alzan los aseos, un estercolero y una escombrera, y por una carretera», que conduce a la feria de artesanía de la localidad, (como mostraron en fotografías aportadas de satélite del servicio Grafcan), y que por tanto, en ningún momento se atentó contra el patrimonio.

Sin embargo este testimonio fue fuertemente desmentido por la jefa del servicio de Patrimonio del Cabildo, Antonia Perera, por el ex inspector honorífico de este área, Manuel Perdomo, por un inspector de la Agencia de protección del Medio Urbano y natural del Gobierno de canarias (APMUN) y por el ex jefe de la Oficina del Plan Insular del cabildo. Todos ellos resaltaron que se avisó de palabra y por escrito a los responsables de las obras de que el daño se había causado de forma irreversible y que además los trabajos se realizaron en tiempo récord, sin los informes pertinentes, como la requerida calificación territorial, o la autorización de la Comisión Insular de Patrimonio.

Frente a la ausencia de permisos los acusados argumentaron que el procedimiento habitual en el Cabildo era acelerar las obras, cuando se trataba de actuaciones urgentes, y de interés general, por colaboración ínter administrativa y dado que era una obra de menor cuantía no requería concurso. Sin embargo los técnicos mantienen que no había urgencia para la obra, que pudo esperarse.