De militar con proyección a vivir de 'okupa'

Silvia Fernández
SILVIA FERNÁNDEZ

La historia de Carlota -nombre ficticio de la verdadera protagonista de este artículo, que prefiere permanecer en el anonimato- refleja a la perfección cómo puede cambiar la vida de una persona de la noche a la mañana, pasando del tenerlo todo a no tener nada.

En cuatro años Carlota ha dejado de ser una militar con una carrera prometedora y una vida cómoda a vivir en la calle, de okupa en una casa abandonada de la capital. Sin más ingresos que una ayuda de poco más de 400 euros, Carlota trabaja cada día en esta vivienda para mejorarla y convertirla en un hogar para ella y su hijo. Un pequeño de 9 años, vivaracho y responsable, que es la principal razón de que esta mujer de 32 años tenga fortaleza para seguir adelante. «A veces lloro pero cuando lo hago es para coger impulso», señala.

Carlota lucha y confía en que se haga justicia y recuperar su empleo en el Ejército, del que fue expulsada, según señala, «tras sufrir una verdadera guerra sicológica» y después de seis años de trayectoria intachable como policía militar en el Mando Aéreo de Canarias (Macan).

Su drama comenzó en diciembre de 2007, tras solicitar la reducción de jornada, a lo que se vio obligada ante la imposibilidad de dejar a su hijo, entonces de cinco años, a cargo de nadie cuando estaba trabajando. Ella tiene la guardia y custodia del pequeño y ningún familiar podía hacerse cargo de él (la abuela de Carlota sufre de alzhéimer y su madre tiene trastorno bipolar. Ambas están al cuidado de Servicios Sociales del Cabildo). «Lo pedí por verdadera necesidad», apunta.

Su petición, la primera que se planteó en el Macan, no sentó bien a sus superiores que comenzaron a «hacerle la vida imposible» desde el primer momento, según señala. «El machaque fue constante a partir de pedir el permiso y brutal desde que Defensa le concedió la reducción de jornada unos meses después», manifiesta Carlota. Y esto que nunca llegó a disfrutarlo porque el teniente coronel de la Unidad hizo, según sus palabras, una «particular interpretación» del permiso. «Trabajaba de 8 a 3 de lunes a viernes pero no me dejaban adaptar la jornada al horario escolar. Además, y como compensación, no me daban la media hora que tenía para comer y me castigaban sin dejarme ir a cursos a la Península para sargento», señala Carlota. La presión era tal que en diciembre de 2007, en un sólo día se le impusieron tres arrestos. Uno de ellos por «ausencia injustificada» porque no fue a trabajar un festivo, algo de lo que estaba exenta ya que tenía la reducción de jornada, señala. La tensión originó que en 2008 Carlota cayera enferma «debido a la ansiedad y estrés en el trabajo», según consta en el informe médico que fue elaborado por el médico que le asiste en el seguro privado que tienen los militares (Asisa). Fue operada y a su vuelta, tres meses después, le impusieron más arrestos «que tenían guardados». «Pedí por favor y por escrito que me sacaran de allí, que me dejaran ir a otra dependencia, donde me aceptaban, pero fue inútil», explica.

Los arrestos se tradujeron en una rebaja de su IPEC (su nota de valoración) de un 7 a un 5. Esto unido a los resultados de unas pruebas sicotécnicas que apuntaban a la imposibilidad de Carlota de compatibilizar su vida personal y profesional impidió que pudiera firmar en enero de 2009 el compromiso de larga duración (que garantizaba su plaza hasta los 45 años). El 31 de diciembre de 2008 fue el último día de trabajo de Carlota, que pasó a continuación al paro y a cobrar la prestación por desempleo. Una ayuda que le duró año y medio, hasta agosto de 2010.

La fecha en la que comenzó la segunda odisea: su desahucio de la casa de alquiler y la búsqueda de un nuevo lugar donde vivir con su hijo

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