Competencia tumba la norma canaria del alquiler vacacional

19/09/2015
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La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha requerido al Gobierno canario que elimine de la regulación del alquiler vacacional las «restricciones a la libre competencia». Y entre ellas, la prohibición de la actividad en suelo turístico. Si no rectifica, avisa, se verán en los juzgados.

La CNMC hizo público ayer que el pasado 23 de julio notificó al Ejecutivo regional «un requerimiento previo contra diversos artículos del Decreto 113/2015, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de las viviendas vacacionales de la Comunidad». La Comisión considera que la normativa contiene «numerosos obstáculos al desarrollo de una competencia efectiva en el mercado».

Y entre esos artículos que la  CNMC pone en tela de juicio se incluye la cuestión más espinosa: reprueba que  se excluyan del ámbito de aplicación del reglamento aquellas viviendas situadas en suelos, zonas y urbanizaciones turísticas, que por su propia naturaleza, son zona habitual de localización de las viviendas vacacionales ofertadas antes de la entrada en vigor de la norma.

De este modo, considera la CNMC, «se privilegia a los establecimientos turísticos tradicionalmente instalados, sustrayéndoles de los beneficios de la competencia y en perjuicio de los usuarios». Cuestiona también que se exija «innecesariamente al arrendador habitualidad en la actividad y finalidad vacacional al arrendatario».

Además considera que la prohibición del alquiler por estancias o habitaciones es «contrario al derecho del empresario de organizar su actividad y de los ciudadanos de disponer de sus bienes sin restricciones injustificadas». La CNMC avisa de que los requisitos en cuanto a las dimensiones y equipamiento de las viviendas «constituyen una carga innecesaria para los operadores». Y añade que el acceso a la actividad está sujeto a un régimen de declaración responsable «que tiene características más propias de los regímenes de autorización administrativa, sin que se justifique (...) tal intensidad de intervención administrativa».

Este requerimiento, advierte la CNMC, constituye un paso previo que busca evitar un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el caso de que el Gobierno de Canarias no modifique o anule estas restricciones.