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Colegios y asociaciones profesionales rechazan la política de contratación

Europa Press

Lunes, 4 de abril 2011, 01:00

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Los colegios y asociaciones profesionales del archipiélago han presentado el manifiesto 'Profesiones 2011' en el que expresan su rechazo a la política de contratación de las administraciones canarias a través de sus empresas públicas, documento que está suscrito por una veintena de colectivos que se dedican principalmente al trabajo de consultoría, asistencia técnica, obras y proyectos. Este documento fue presentado esta mañana ante los medios en una rueda de prensa en la que intervinieron el decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias, Víctor Hernández; el decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales, Juan Linares; el decano del Colegio Oficial de Biólogos de Canarias, Juan Bermejo; el presidente de la Asociación de Arquitectos Urbanistas de Santa Cruz de Tenerife, Walter Bertrán; y el delegado en Tenerife del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos, Guillermo Caldentey. En su intervención, el decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias ha explicado que el colectivo que promueve este manifiesto "representa en las islas a un número muy elevado de proveedores de servicios técnicos: un conjunto superior a las 15.000 personas, que generan más de 50.000 puestos de trabajo directo e indirecto, altamente cualificados, impulsan tareas de alto valor añadido y cuentan con unas perspectivas notables de proyección al exterior debido a la calidad contrastada de su labor". En los últimos años, según Víctor Hernández, la administración canaria, en coincidencia con la crisis, ha seguido una política de restricción y acaparamiento creciente de la oferta pública de contratos de consultoría y ejecución de obras, y atribuye a sus empresas la gestión exclusiva de los trabajos que solía someter a pública concurrencia. Ante esta situación, los profesionales y empresas privadas que ejecutaban básicamente este conjunto de actividades y disciplinas relacionadas con los servicios de más alto valor añadido ha decidido presentar este manifiesto, que será trasladado al presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, en una reunión que está previsto celebrarse este martes.

DETALLE DEL MANIFIESTO El primer punto del manifiesto, dado a conocer por el decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Canarias, transmite el rechazo de este colectivo a la concentración del trabajo profesional público en las empresas dependientes del Gobierno y otras administraciones canarias. Según Juan Linares, "es especialmente lesiva la competencia desleal que suponen las prácticas irregulares de autoadjudicación de trabajos entre administraciones y entre éstas y algunas de las principales empresas públicas canarias, sin posibilidad de participación externa, contraviniendo así el objetivo genérico de mejora de la competitividad". Ha precisado que esta situación resulta "especialmente grave", ya que las sociedades públicas "han ampliado paulatinamente su área de influencia hasta convertirse en 'empresas de consultoría' que trabajan con cargo a los presupuestos públicos y compiten en una situación de absoluto privilegio con los emprendedores privados, con la consecuente distorsión del mercado de trabajo profesional". "Si bien las administraciones y organismos públicos pueden hacer una importante labor de promoción o dinamización de un sector, nos parece inaceptable que ejerzan una competencia directa y desleal frente a las empresas privadas en la prestación de servicios, en condiciones restrictivas y ventajosas, comprometiendo así inversiones y empleos ya consolidados por estas últimas", agregó. Entretanto, el decano del Colegio Oficial de Biólogos de Canarias ha apuntado que el segundo punto del manifiesto está dirigido a denunciar las políticas de contratación temporal y precaria de los profesionales con escasa experiencia con el objetivo de maximizar las subvenciones por creación de empleo. Esta práctica, tal y como ha indicado Juan Antonio Bermejo, tiene un efecto "muy grave" sobre las empresas de consultoría y construcción, entre otras, que "se ven abocadas al despido de sus equipos, un personal formado y con experiencia contrastada, y al cierre y al paro, en el caso de los autónomos". "A consecuencia de este proceso, puestos fijos y autónomos con larga experiencia se ven sustituidos en la ejecución de proyectos vitales para la recuperación económica de las islas por trabajadores eventuales, contrastados en las condiciones mínimas que permite la legislación vigente y sin perspectivas claras de futuro, ya que volverán al paro a corto plazo. Por tanto, se aplica una política de pan para hoy y hambre para mañana", recalcó.

PRESENCIA EXTERIOR Otra de las reivindicaciones de este colectivo es que la presencia del sector en el exterior no se puede apoyar exclusivamente en la acción de los organismos públicos; por el contrario, debería estimularse la exportación de esa capacidad técnica ya consolidada que ofrecen los profesionales y empresarios privados, a quienes la administración pública debería apoyar en su expansión internacional. A este respecto, el presidente de la Asociación de Arquitectos Urbanistas de Santa Cruz de Tenerife ha señalado que la competencia de las empresas públicas "no se limita al acaparamiento de encargos realizados por la Administración, sino que se extiende además a la captación de encargos particulares, proyectos de cooperación en el exterior y concursos de consultoría en el extranjero". "En estos campos, empresas públicas canarias compiten con profesionales de las islas haciendo uso de fondos públicos y del supuesto prestigio que les otorga ser parte de la Administración", apuntilló. El delegado del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias ha tratado el último punto del manifiesto 'Profesiones 2011', en el que este colectivo considera que estas maneras de actuar "no son la mejor garantía para lograr unos servicios públicos eficientes ni constituyen un ejemplo de buena gestión de los recursos colectivos, como tampoco son una buena forma de exportar nuestra incipiente capacidad tecnológica". Para Guillermo Caldentey, "proseguir en la política de acaparamiento de trabajo de la administración pública por sus empresas supone despreciar el amplio capital de conocimiento y saber hacer que han acumulado los profesionales y las empresas canarias, capaces sin duda alguna de aportar algunas soluciones urgentes e imaginativas a los problemas que tiene planteados el archipiélago". Los colegios y asociaciones profesionales de Canarias advierten, además, de que muchos de los proyectos que se llevan a cabo a través de las empresas públicas "no se acaban de ejecutar, tardan mucho tiempo y llegan a ser ineficientes en algunos casos". De hecho, argumentan que cualquier empresa que no está sometida a la libre competencia "tiende a ser menos eficiente". Es más, cuando una administración abre una convocatoria para la adjudicación de uno u otro proyecto, las empresas privadas y públicas "no sólo no compiten en igualdad de condiciones, sino que estas últimas lo hacen con ventaja". Es por ello por lo que reivindican que donde existe un interés privado "no entre la empresa pública, y si lo hace, al menos en igualdad de condiciones". Por todo lo expuesto, este colectivo exige la reconsideración "inmediata" de esta estrategia que se viene desarrollando con plena responsabilidad de las administraciones públicas canarias".

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