Cinco islas se unen contra los derribos de costas

20/02/2008

El abogado y portavoz de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas, José Ortega, acusó ayer Costas de estar «instrumentalizando la Ley para favorecer a los hoteleros y empresarios del ladrillo; para quitar a los pobres y dar a los ricos».

Los vecinos de los núcleos costeros de Bajo La Cuesta y Punta Larga, en Tenerife; de El Golfo, en Lanzarote; de La Bombilla, en La Palma; los de Puerto de Los Molinos y Puerto Lajas, en Fuerteventura; y el propietario de la carpintería demolida semanas atrás en la playa de la Punta, en San Sebastián de La Gomera, forman parte en Canarias de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas, que integran más de 5.000 familias en toda España y que ayer se presentó en Tenerife.

Su portavoz y asesor jurídico de todos los afectados, José Ortega, fue firme al acusar al director general de Costas, José Fernández, de estar aplicando la Ley de Costas de una manera «abusiva» y «fraudulenta». Ortega se mostró convencido de que en Costas «quitan a los pobres para dar a los ricos», o lo que es lo mismo, dijo, «se está aplicando la Ley a las clases medias, e incluso a las más humildes, para facilitar el desembarco de gran capital hotelero, ladrillero y cementero». A juicio del abogado valenciano, desde la Dirección General de Costas «se está instrumentalizando la ley», que nació con el objetivo de frenar la presión urbanística en el litoral «y lo que hacen es un uso contrario a su principal fin».

La plataforma ha elaborado un informe exhaustivo con todos los «abusos» y lo ha remitido a todas las instituciones del Estado y de la Unión Europea. También han pedido una comisión de investigación en las Cortes, en Canarias y en Valencia.