La Audiencia Provincial de Las Palmas hizo pública, este viernes, la sentencia por el llamado caso Proselan, una pieza separada de Unión en la que se juzga la trama de facturas falsas en el Ayuntamiento de Arrecife, por la que se desfalcó más de 250.000 euros de las arcas públicas.
El juez condena a cinco años y tres meses de prisión a tres acusados, el interventor, Carlos Sáenz; el exjefe de la Oficina Técnica, Rafael Arrocha; y el empresario José Daniel Hernández, dueño de Proselan.
En el caso del concejal de Hacienda en el momento de los hechos, entre los años 2008 y 2009, José Miguel Rodríguez, la pena se rebaja a un año y cuatro meses, por aplicación del atenuante de colaboración con la justicia, al haber confesado su papel en los hechos y haber devuelto una parte de lo sustraído.
La sentencia también condena a los cuatro implicados a indemnizar solidariamente al Ayuntamiento con los 251.953 euros desfalcados a través de la trama de facturas por trabajos que nunca se realizaron. Además, Proselan ha sido declarada responsable civil subsidiaria de un total de 126.674 euros. Contra la sentencia cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
El tribunal ve probada la versión del Ministerio Fiscal de que los acusados Carlos Sáenz, en su calidad de interventor municipal, y Rafael Arrocha, entonces jefe de la oficina técnica, cometieron un delito continuado de malversación, en concurso con otro de prevaricación. En el caso de Hernández, que falseaba las facturas a nombre propio o de su empresa, Proselan, se añade a los dos delitos anteriores otro de falsedad en documento mercantil.
En la sentencia se ve probada la existencia de una trama, hablando de la «concertación» de los acusados para quedarse con el dinero, aduciendo que los indicios «solo pueden apuntar a un previo acuerdo», extremo este que las defensas intentaron rebatir durante el juicio.
