La decisión del Ministerio de Defensa de impedir a su personal el acceso a determinadas web de ocio y deportes ha vuelto a traer a la primera línea de actualidad el debate sobre la censura y el control en Internet.

En sentido estricto, no podemos tildar de censura la decisión del órgano que preside la recién designada Carme Chacón. Es decir, el Ministerio no entra a valorar el contenido de estas páginas ni impide que sus empleados las visiten fuera de horas de trabajo. Se trata, más bien, de un sistema de control de la actividad laboral, lícito en la medida que lo son el resto de normas que rigen cualquier centro de actividad profesional.

Ahora bien, que en sentido riguroso no se pueda hablar de censura no impide que, en un enfoque más amplio, sí se pueda interpretar esta decisión como una intromisión en algunos derechos básicos del ciudadano, como es, sin ir más lejos, el del libre acceso al mayor canal de comunicación del planeta. Derecho no sólo reconocido por los principales organismos internacionales y el propio Parlamento español; sino, además, alentado por éstos y considerado uno de los principales signos de desarrollo y libertad en las sociedades contemporáneas.

El carácter censor de la medida pudiera tener, además, otra expresión en el agravio comparativo que supone para los propios empleados y para los autores de las páginas prohibidas el hecho de que se impida el acceso a unas sí y a otras que, por ejemplo, puedan suponer competencia directa en el sector de mercado al que pertenezcan, no.

Es decir que, siendo consecuentes y justos, de prohibir, habría que impedir Internet en su conjunto, y no algún aspecto de ella. Es como si la prohibición de jugar a las cartas en el puesto de trabajo condenase el póker, pero admitiera el black jack.

Para ser consecuentes y justos, pero también efectivos. Sea un simple control laboral o un acto de censura, lo cierto es que sólo la prohibición de acceder a Internet de forma global, eliminando el acceso desde todas y cada una de las máquinas, podría garantizar el éxito de la medida. La Red es tan amplia, la oferta de contenidos tal y los trucos y herramientas para saltarse barreras tan eficaces que, bien optando por engancharse a otras páginas, bien buscando nuevas áreas de interés o, simplemente, burlando el muro tecnológico establecido, los trabajadores no tardarán en demostrar la inutilidad de una decisión tan controvertida como estéril.

Pero prohibir Internet es imposible jurídica, política, social, cultural, moral, empresarial... y laboralmente. Así que, Houston, tienen un problema. Internet ha entrado en nuestras vidas y en nuestros trabajos para quedarse. Casi mejor, pues, que andar con prohibiciones polémicas e imposibles, convendría acometer planes de formación y concienciación, y ejecutar pautas de optimización de la actividad laboral. Puede que sea más lento, e incluso más caro, pero definitivamente también más justo, sensato, moderno, eficaz... y democrático.