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CC y PSC aceptarán debatir la moratoria de Gran Canaria

Jueves, 1 de enero 1970

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La regulación turística propuesta por el presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna tendrá el camino abierto para que el pleno del Parlamento, el día 11, debata si la toma en consideración o no. Los grupos que antes se oponían, Coalición Canaria (CC) y Partido Socialista Canario (PSC), prometen desbloquear el trámite. Los portavoces del grupo Nacionalista y del PSC, José Miguel Barragán y Manuel Fajardo, respectivamente, afirmaron este viernes que no se opondrán a que pueda entrar en el pleno del Parlamento la modificación de la ley turística tal y como propone el Cabildo de Gran Canaria.

Los partidos que apoyan al Gobierno rechazaron el pasado día 6 de febrero que pudiera debatirse la toma en consideración de la proposición de ley presentada por el cabildo.

Esto provocó un enfado especialmente en el portavoz del grupo Mixto y consejero del citado cabildo, Román Rodríguez, que se ha alineado con Bravo de Laguna para que el Gobierno autonómico levante la prohibición de levantar en Gran Canaria hoteles de cuatro estrellas de nueva construcción. Tras conocerse la interposición del recurso del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a la Ley de Modernización y Rehabilitación Turística, Barragán y Fajardo coincidieron en asegurar que «cumpliremos nuestro compromiso».

Aquel 6 de febrero, los portavoces nacionalista y socialista rechazaron debatir la iniciativa del cabildo por estar abiertas las negociaciones con el ministerio, y aseguraron que levantarían el veto al debate a finales de este mes, cuando se supiera cómo desembocaban las cosas.

En cualquier caso, Román Rodríguez ya avanzó la semana pasada su intención de volver a llevar a la Junta de Portavoces, programada para el día 5 de marzo, la proposición de ley de Bravo de Laguna.

Este viernes, lo confirmó también el Partido Popular (PP). Su portavoz, Australia Navarro, anunció que «en la junta vamos a plantear que se vea en el pleno del día 11 la iniciativa presentada por el Cabildo Insular de Gran Canaria».

Navarro advirtió que si se volviera a encontrar con un rechazo, tendría que interpretarlo como una «falta de respeto».

En todo caso, cabe aclarar que si al final se debate la toma en consideración de la proposición de ley, no significa que ésta resulte aprobada. De hecho, los grupos que secundan al Gobierno prefieren reservarse la posición, confiando además que falta poco tiempo para que surja efecto la iniciativa que matiza la aplicación de la ley turística.

En este sentido, cabe recordar que nacionalistas y socialistas aprobaron dar el plazo de un año para evaluar los efectos de la ley en el sector turístico en todas las islas y por tanto en Gran Canaria. Ese plazo se cumpliría en torno al mes de mayo de este año.

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