CC-NC recela de que España amplíe su dominio marítimo

30/03/2015

El diputado de CC-NC Pedro Quevedo ha pedido la comparecencia en el Congreso del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, para que explique la “insólita” petición de ampliación de la plataforma continental de Canarias que España presentó ante la ONU el pasado mes de diciembre.

Los nacionalistas recelan de las intenciones del Gobierno español, que el 17 de diciembre de 2014 presentó ante la ONU un proyecto de ampliación de la plataforma continental hasta las 350 millas al norte y al oeste de Canarias, en el que se reclama la soberanía sobre los recursos naturales, incluido el subsuelo, de un área marina de 296.500 kilómetros cuadrados, equivalente al 60% del territorio de España.


“No tiene sentido que se presente esta petición y no se incluya todo el perímetro del Archipiélago”, señala Quevedo, “queremos que el ministro explique en sede parlamentaria por qué no piden aclarar la soberanía también hacia el este, lo que obligaría a definir la mediana con Marruecos, y por qué reclaman la ampliación de la plataforma continental precisamente ahora”, añade, “queremos saber que hay detrás”.


Para obtener esas explicaciones, además de la petición de comparecencia de García Margallo, CC-NC ha solicitado a través de la Cámara Baja el informe completo que el Gobierno español elevó a la ONU, y ha presentado además un paquete de preguntas escritas sobre diferentes aspectos relacionados con la ampliación de soberanía.


España va a defender su proyecto de ampliación en julio ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de la ONU, con un documento en el que se detallan las coordenadas de 448 puntos del Atlántico, que unidos formarían la nueva frontera marítima que solicita España. En la actualidad la distancia de soberanía marítima está fijada en 200 millas a partir de la línea de costa, aunque la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar permite que los estados la amplíen hasta las 350 millas. Esa franja de 150 millas de diferencia es la que reclama ahora el Gobierno del PP.


De lograr su objetivo, España obtendrá todos los derechos de exploración y explotación de los recursos naturales, y adquiriría también la obligación de preservar la zona.